El Ayuntamiento de Maó cobrará un recargo en el IBI a los pisos que lleven vacíos más de dos años

Adaptará su ordenanza fiscal para hacer efectivo el gravamen y frenar la especulación

Bloques de pisos junto al parking de la calle Vassallo de Maó. | Gemma Andreu

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La ordenanza fiscal que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Maó contempla un recargo del 50 por ciento de la cuota en el caso de inmuebles de uso residencial que estén desocupados de forma permanente, pero en los 22 años de vigencia de la normativa, dicha penalización nunca se ha aplicado.

Ahora, con el objetivo de revertir la escalada de precios del alquiler y luchar contra la especulación, el Ayuntamiento actualizará dicha ordenanza al amparo de la modificación que la Ley por el Derecho a la Vivienda, de 2023, que introdujo en la Ley de Haciendas Locales para modular el gravamen y definir los criterios que pueden guiar a los ayuntamientos a la hora de exigir el recargo, que podrá ser de hasta el 100 por ciento de la cuota líquida del impuesto cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años.

La propuesta presentada por el grupo Ara Maó fue aprobada en el último pleno con el apoyo del PSOE y los votos en contra de PP y concejal no adscrito, e incorporó una enmienda socialista para solicitar un informe técnico que determine el procedimiento a seguir para aplicar el recargo, la viabilidad del mismo y la efectividad de una medida que consta en la ordenanza desde 2003, pero que ningún gobierno ha puesto en práctica. En la actualidad, con los servicios sociales que reciben cada vez más familias acuciadas por el problema de la vivienda, el Consistorio hará esa trasposición de la norma estatal.

El portavoz de Ara Maó, Jordi Tutzó, esgrimió las cifras de viviendas vacías de un informe de 2019 elaborado por el Observatori Sociambiental de Menorca, que elevaba a 648 ese número de viviendas desocupadas más de dos años en el núcleo urbano de Maó (el 6 por ciento del total), mientras que las desocupadas temporalmente eran 250 (un 2 por ciento). La oposición del PPconsideró que el informe está desfasado, «no sabemos si esa cifra sigue», aseguró el concejal Francisco Plaza, quien pidió, sin éxito, que la moción de Ara Maó quedara sobre la mesa. Tanto el PP como el concejal no adscrito, Xisco Cardona, criticaron lo que consideran intervencionismo del Ayuntamiento que solo conducirá, afirmaron, a reducir aún más la oferta de vivienda en el mercado. La medida «tiene un afán recaudatorio, aunque el alcalde diga que no, y sería más eficaz modificar la ordenanza en positivo, estableciendo una bonificación» para los arrendadores, señaló Plaza. A lo que Tutzó respondió cuestionando que se tenga que bonificar a todos los propietarios, incluidos los que ponen alquileres de dos mil euros al mes.

El apunte

El Ayuntamiento controlará la oferta de alquiler turístico ilegal

El alcalde de Maó, Héctor Pons, anunció la contratación de un estudio de la oferta de alquiler turístico ilegal existente en el municipio. El encargo se ha hecho a la plataforma de inteligencia turística Mabrian y el objetivo es detectar aquellas viviendas que se ofrecen sin licencia en portales de internet.

Con esta información y en colaboración con la Policía Local, el Consistorio pondrá la correspondiente denuncia ante el Consell sobre los alojamientos turísticos fraudulentos que se retiran del mercado residencial. Pons subrayó que esta es «una medida más para abordar, desde todas las perspectivas, el problema de la vivienda, que actualmente es una de las prioridades del equipo de gobierno». La crisis de la vivienda ha tomado tal dimensión que el alcalde, durante el pleno, afirmó que «hay familias que viven en una habitación, eso ya está aquí» y añadió que los Servivios Sociales y el Ibavi «no son capaces de atender a todas las personas y eso es miseria». «La gente está en situaciones muy complicadas», insistió, «y ya no hablamos de vulnerables, tienen recursos pero no para pagar los disparates de alquiler que se piden».