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PP y Vox han unido sus votos en el pleno del Consell para ampliar ocho meses el plazo para que los infractores urbanísticos puedan legalizar sus construcciones en suelo rústico. Viviendas, piscinas, pero también otro tipo de instalaciones cuya ilegalidad haya prescrito, podrán acogerse a la denominada ‘amnistía’ urbanística impulsada por el Govern y refrendada por el Parlament, previa presentación de un proyecto de legalización y el pago de una compensación a las arcas municipales.

Desde la oposición, Més per Menorca y PSOE han alertado de que esta ley va mucho más allá de la regularización extemporánea de los hortals y puede aprovecharse para dar una salida al parque acuático de Biniancolla, cuya licencia se amparaba en una declaración de interés general que ha sido anulada por los tribunales. El Consell ha evitado pronunciarse sobre esta posibilidad.

El GOB ha movilizado a varias docenas de seguidores para protestar por la adhesión de Menorca a lo que consideran un «premio» para los infractores. Lo han hecho desde el momento de la intervención de la consellera de Ordenación del Territorio, Núria Torrent. Le han dado la espalda al tiempo que sostenían carteles con mensajes como «Vergüenza», «Basta de especulación» o el conocido lema ecologista «Qui estima Menorca no la destrueix». La acción se ha prolongado durante todo el debate de este punto.

Simpatizantes del GOB sostienen carteles de protesta durante el pleno del Consell. | Gemma Andreu Desde Més per Menorca, Esteve Barceló, ha denunciado que Menorca se acoja a una «ley de destrucción masiva» y alerta de que instalaciones con la licencia anulada como el parque acuático de Biniancolla puedan acogerse a partir de ahora a un procedimiento extraordinario para su legalización. También ha señalado que los técnicos del Consell no votaron a favor de la propuesta y optaron por la abstención en la comisión asesora de urbanismo.

Un «engaño mayúsculo», según el PSOE «Ustedes tienen problemas como el parque acuático », ha recordado en la misma línea Susana Mora desde el PSOE: «Con esta ley el PP se saca la careta y hace lo que ha hecho siempre, estamos ante un engaño mayúsculo , mientras hablan de pactos por la sostenibilidad, modifican por la puerta de atrás las normas que protegen el territorio».

Ante las dudas expresadas por del representante de Més per Menorca, la consellera Núria Torrent ha asegurado que los propietarios de hortals sí podrán acogerse a la legalización de forma individuall. Defiende que la regularización en realidad «protege el territorio» porque las construcciones ilegales «seguirían existiendo y con esta norma se adoptan medidas para reducir su impacto ambiental », como la depuración de sus aguas residuales para evitar filtraciones al acuífero.

Maite de Medrano ha retado al GOB a presentarse a las elecciones en vez de acudir a los plenos a protestar contra las decisiones que adoptan los grupos que representan a la mayoría social. Dirigiéndose a la izquierda afirmó: «Dicen las malas lenguas que algunos de ustedes tienen hortals ilegales».

Criterios distintos por ayuntamientos Inicialmente, el plazo para acogerse a la legalización en Menorca acababa en julio de 2027, pero ahora se extenderá hasta marzo de 2028, al poner el contador a cero después de que el decreto inicial del Govern haya pasado por el Parlament para convertirse en ley e incluya cambios en su redacción inicial.

Ahora los criterios ambientales y estéticos para legalizar las construcciones deben ser aprobados en los plenos de los ayuntamientos, que serán los encargados de otorgar las licencias de legalización. Todo ello abre la puerta a que puedan coexistir en la Isla criterios diferentes en la aplicación de la legalización de los hortals , algo que Núria Torrent ha recordado que el Consell pretendía evitar.

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