La residencia geriátrica de Es Ramal de Alaior. | Gemma Andreu

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Los ayuntamientos que externalizaron la gestión de sus geriátricos y tienen contratos vigentes, previos a la firma del convenio colectivo del sector en 2023, han recibido reclamaciones de actualizaciones de precios por parte de las adjudicatarias –para afrontar las subidas salariales a sus trabajadores–, que los municipios menorquines afectados no pueden atender. Los responsables municipales alegan la imposibilidad jurídica de incorporar esa revisión de precios a los contratos ya licitados, adjudicados y firmados años atrás. En esta situación se encuentran actualmente Alaior y Ferreries.

El Ayuntamiento de Ferreries ha sido el último en rechazar la petición de revisión de precios por parte del Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (Intress), que gestiona la residencia de mayores y el centro de día de la localidad.

Intress hace ya más de un año que solicitó una revisión de precios al Ayuntamiento, pero el pleno municipal ha rechazado esta pretensión alegando dificultades jurídicas para aplicar una subida que no se contempla en el contrato firmado con la entidad. El último recurso lo presentó el 18 de enero de 2024 y fue desestimado por unanimidad de los grupos políticos en el pleno del 30 de enero de 2025.

En ese pleno el alcalde, Pedro Pons Huguet, explicó la difícil situación en la que se encuentran debido a que, aun cuando llegue más financiación del Govern por las plazas de dependencia conveniadas, «que es la intención», «jurídicamente no sabemos cómo trasladar esa subida a la empresa porque se ha firmado un contrato que no admite revisión de precios», según los informes técnicos. Todo ello en un contexto de falta de personal especializado para estos centros y una enorme demanda de trabajadores debido a las residencias en construcción.

Pons Huguet recordó que el convenio colectivo se firmó con el Govern de Armengol y explicó que, en ese momento, algunas residencias de otras islas pudieron asumir esa revisión y subida de precios con financiación del Govern, por estar dentro de la Fundación Balear de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal. «A los otros nos dejaron a los pies de los caballos, en una situación muy delicada», dijo, «a la empresa no le salen los números, pierde dinero, y ahora habrá que ver qué decisión toma cuando se le responda que no hay motivo para la revisión de precios».

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Por parte de Intress se limitaron ayer a afirmar que la entidad ha encargado un estudio jurídico sobre la cuestión y está buscando asesoramiento legal.

En Alaior, la concejala del Área Social, Maria Antònia Pons, confirmó que también la adjudicataria de la gestión del geriátrico y el centro de día de Es Ramal, el Grupo Hestia Alliance, les reclamó esa actualización de precios al alza que el Ayuntamiento no ha podido realizar.

«El convenio recogió un incremento elevado de los salarios que no estaba previsto por la empresa, pidieron una revisión de precios pero la ley no lo contempla, los técnicos no aprueban esa revisión», aseguró, «nos conviene sacar a licitación el servicio para regularizar precios», concluyó. Alaior finalizará el contrato actual el próximo mes de agosto.

«Sin consenso»

El convenio colectivo del sector de residencias y centros de día contempla incrementos salariales anuales durante su vigencia, 2023-2026, que no son motivo de crítica por los responsables municipales, ya que los trabajadores partían de sueldos bajos. Es su implementación lo que levanta ampollas ya que «no se tuvo en cuenta la casuística en las diferentes islas y ahora hay ayuntamientos en una situación complicada», declaró ayer la consellera de Bienestar Social, Carmen Reynés. «Esa mejora es bienvenida pero fue injusto cómo se empezó a implementar, se debería haber consensuado», añadió.

Las nuevas licitaciones de la gestión de residencias ya tienen en cuenta la aplicación de las mejoras salariales que contempla el convenio.