Vista general de la urbanización de Sant Tomàs, en una imagen reciente. | Josep Bagur Gomila

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El pleno del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran aprobó este jueves, con los votos del equipo de gobierno, el acuerdo para recepcionar la urbanización de Sant Tomàs. Sin embargo, el traspaso se hará sin que se garantice el suministro de agua, pues los pozos continúan estando en propiedad privada de Agrytursa, según aseguraron desde el grupo municipal del PSOE. Mientras, la alcaldesa, Antònia Camps, desmintió estas afirmaciones y aprovechó para descalificar a «la oposición, no se enteran de nada, aunque se lo expliques diez veces».

En las filas del PSOE, el concejal Pepe Mercadal se ausentó por cuestiones de vinculación familiar con la promotora de Sant Tomàs, Begoña Pons se abstuvo por discrepar de las formas del PP y Pilar Pons apoyó la medida por considerarla un avance importante para el pueblo. 

El PSOE-Migjorn considera incompleta la recepción de la urbanización a Agrytursa, ya que no queda expreso el «punto clave y más conflictivo» de una negociación que viene prolongándose desde los años 90, precisamente esta cuestión del agua. Por eso, los socialistas recriminan que, para el convenio con la promotora, el Consistorio no haya logrado garantizar el suministro, «el acuerdo no incluye estas garantías y todo se fía a una buena voluntad de las partes».

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«El ayuntamiento no puede fiar el suministro de un bien público a la buena voluntad, mucho menos en una perspectiva de futuro de estrés hídrico», señalaban en una nota, en la que rechazan el anuncio «triunfalista» de la alcaldesa y el concejal Ramón Verdú. «Se trata de una recepción incompleta que excluye el tema más importante». Además, recuerdan los socialistas, este es un asunto en el que han batallado todos los gobiernos municipales de los últimos 30 años, «la obra de urbanización estaba recepcionada desde los años 90 gracias al trabajo de los equipos de gobierno de Pere Riudavets (PSOE) y Manolo Triay (PP)».

El PSOE critica igualmente que el convenio para la recepción de la urbanización se elevara al pleno por la vía de urgencia y «sin pasar por comisión y avisando a la oposición 24 horas antes». Esto, aparte de impedir el estudio del acuerdo a la oposición, supone una «manera de hacer partidista y unilateral, como nos tiene acostumbrados la alcaldesa, y son menos adecuadas si se trata de un tema ‘de pueblo’» en el cual «han trabajado todos los equipos de gobierno desde hace décadas».

Para el PSOE, este acuerdo sin exigir un derecho sobre el agua ya se podría haber alcanzado mucho antes y, si no se hizo, fue para intentar garantizar un caudal, «se trata precisamente de lo que más preocupa a los comerciantes, empresarios y vecinos».

Ramón Verdú: «Es mentira, el suministro está garantizado al 100 %»

El portavoz del PP, Ramón Verdú, desmintió con rotundidad las acusaciones del PSOE. Son «mentira, el suministro de agua está garantizado al 100 por cien». Es más, «la promotora está obligada a suministrar agua y se encargará dos años de la gestión, luego saldrá a licitación, a poder ser este mismo año».

Verdú indicó que, además, Agrytursa «a partir de ahora pagará un cánon al Ayuntamiento, algo que nunca se hizo». Será el equivalente al 4,5 por ciento de los ingresos anuales por la prestación de suministro de agua, y según un estudio municipal que actualizarán, estima el Consistorio que supondrá un ingreso anual de unos 13.000 euros. Por otro lado, la futura concesionaria «tendrá que pagar 0,30 euros por tonelada» a la propietaria de los pozos, Agrytursa.

La alcaldesa, Antònia Camps, se mostró molesta con las acusaciones del PSOE y les recriminó que «no saben ni lo que leen, ni lo que manejan». Aseguró que «en el convenio está todo» y reiteró que «el suministro está asegurado». Concluyó lamentando que «con el PSOE, cualquier explicación es perder el tiempo».

El equipo de gobierno recordó que Agrytursa «se compromete a ceder al Consistorio los terrenos, obras de urbanización, instalaciones y servicios» y a «asfaltar y podar antes de marzo». La transmisión debe ser efectiva ante notario antes del 28 de febrero. «La gestión del agua es la única que, de manera transitoria, seguirá en manos de la promotora» hasta el 31 de diciembre de 2026, debiendo la empresa ceder pozos, depósitos y red de distribución al Ayuntamiento.