Ultimátum de los empresarios del polígono: si no se avanza en la ampliación reclamarán 15 millones a Ciutadella

La asociación, que se reunió este martes con el alcalde, ha dado tres meses de plazo para agilizar los trámites antes de presentar una demanda por la paralización del proyecto

Sebastià Triay Fayas saludando al alcalde Llorenç Ferrer y a la concejal Sandra Moll.

Sebastià Triay Fayas saludando al alcalde Llorenç Ferrer y a la concejal Sandra Moll. | Josep Bagur Gomila

Isaac Pons de RosaCiutadella18/12/24 13:30Actualizado a las 23:27
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Los empresarios del sector B9 de Ciutadella «vamos a por todas» para lograr, veinte años después, que se urbanice esa zona, para ampliar el polígono industrial. Con ese fin, este mismo martes se han constituido como asociación y se han reunido con el Ayuntamiento de ponent para reclamar celeridad para el desarrollo de las parcelas. Si en tres meses no se ha cambiado el sistema de ejecución del proyecto, de cooperación a compensación, interpondrán una demanda contra el Consistorio, reclamando un «mínimo de 15 millones de euros por daños y perjuicios».

Medio centenar de propietarios de parcelas en los terrenos situados entre el polígono industrial y la Ronda Nord se reunieron con el alcalde, Llorenç Ferrer, y la concejal de Urbanismo, Sandra Moll, para reclamar la implicación real de la institución con la ansiada ampliación del polígono. «Somos optimistas, creemos que será de esta» que se urbanice el sector B9, confía el presidente de la Asociación de Propietarios del Sector B9, Lluís Moll. «La reunión fue muy positiva, hay consenso en que es una necesidad prioritaria ganar suelo industrial».

«No vamos a parar, si un empresario se retrasa un día en el pago de un impuesto, se le sanciona; aquí llevamos veinte años de mala gestión, alguien tiene que pagar», dice Moll, quien lamenta que «este proyecto se ha dejado en un cajón demasiado tiempo».

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Ultimátum

Los empresarios dan un plazo de tres meses para que el Consistorio introduzca el sistema de compensación, para ser ellos mismos los que adjudiquen y realicen la obra. «El Ayuntamiento lo tiene muy fácil, es un trámite muy sencillo», considera el presidente de la entidad, recordando que los 400.000 metros cuadrados del sector B9 darán lugar a 250.000 metros cuadrados útiles.

De cumplirse este «sencillo» trámite, los propietarios se olvidarán del pleito, exponía también el vicepresidente de la asociación de empresarios recién constituida, Sebastià Triay, quien, por otro lado, avanzó que «a principio del próximo año solicitaremos licencia, para poder empezar a desbrozar los terrenos y retirar piedra, que machacaremos con una máquina portátil, para aprovechar el material y generar gravilla» que se utilizará durante la fase de construcción de los viales. Sobre esto, afirman tener el respaldo del Consistorio, institución que, por otro lado, «recibirá el 15 por ciento de los terrenos como compensación».

Así, Ferrer y Moll «nos han dicho que el Ayuntamiento pagará su parte correspondiente a este 15 por ciento, de los gastos de urbanización». Y «si hacen todo esto, renunciaremos a la indemnización, que sería de un mínimo de 15 millones, sin tener en cuenta el lucro cesante». Por eso, «en principio estamos contentos con la reunión, pero si no cumplen, la guerra estará abierta», concluía Triay.

El apunte

«Daremos máxima prioridad al cambio de sistema por el de compensación»

Para la edil de Urbanismo, Sandra Moll, «es comprensible» el enfado de los propietarios, por la demora con el desarrollo del sector B9. Por eso, «nos hemos comprometido a dar máxima prioridad al cambio de sistema de ejecución, el de compensación será más rápido», pues evita licitaciones por parte del Consistorio. Así, «los empresarios podrán adjudicar la obra, cumpliendo los criterios que marcará el Ayuntamiento, como cualquier obra». En cualquier caso, Moll recuerda que en el polígono hay el «problema de los pluviales y estamos pendientes de un informe de la dirección general de Recursos Hídricos», que «valide el anteproyecto» del trazado de la red de pluviales, que desembocará en el Canal Salat. «Hasta que no tengamos el informe, no podemos hacer el cambio de sistema», asegura, en contra de la opinión de los empresarios, que desvinculan los dos trámites.

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