Estudiantes en la estación de autobuses de Maó.

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El Consell anunció ayer el fin de la gratuidad del servicio de transporte público, que a partir del 1 de enero –en apenas dos semanas– volverá al viejo sistema tarifario después de dos años y cuatro meses en que todos los titulares de las tarjetas de autobús se han podido beneficiar del cien por cien de bonificación. A pesar de la expectativa que se había generado, lo hará sin excepciones para ningún colectivo. Ni jubilados ni parados ni estudiantes se librarán de sacar la cartera al subir al bus. El año nuevo llega para estos últimos, los viajeros más frecuentes, con un nuevo desembolso a considerar: hasta 56 euros por el abono mensual de transporte.

A dos semanas para que termine el año, el departamento de Movilidad del Consell no ha recibido ninguna comunicación del Gobierno sobre la prolongación de la partida estatal que ha permitido en los dos últimos años aplicar la gratuidad sin esfuerzo financiero de la institución insular. Y el conseller Juan Manuel Delgado dejó claro ayer ante el pleno que el gobierno del PP no tiene intención de tomar la iniciativa para mantener la gratuidad ni tampoco para exceptuar a los colectivos más vulnerables, que sí se podrán beneficiar del viejo sistema de descuentos asociado a las tarjetas de transporte y los abonos multiviajes que ya existían.

Después de tanto tiempo sin tener que pagar por viajar en autobús, y sin que a dos semanas del fin de la gratuidad el Consell haya hecho ninguna campaña informativa al respecto, vale la pena recordar en qué consistía el sistema tarifario vigente. Existen tres modelos de tarjetas de usuarios del transporte.

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La T-Jove, para menores de 22 años o de 30 si cursan estudios en otro municipio, la única que da acceso al abono T-21 (véase el gráfico adjunto); la T-Més, para mayores de 65, jubilados, parados y personas en riesgo de exclusión o con una incapacidad de más del 65 por ciento, que tienen un descuento directo del 50 por ciento en los billetes sencillos, y la T-General, que da acceso a los abonos multiviaje T-10 y T-40.

Cabe recordar que la gratuidad del transporte público se empezó a aplicar en septiembre de 2022 con motivo de la fuerte inflación que provocó la invasión de Ucrania. El Gobierno se hacía cargo hasta el 31 de diciembre de ese año del 50 por ciento de los fondos necesarios y el Consell aportaba el otro 50 por ciento, con un gasto previsto de dos millones solo en esos cuatro meses.

Los dos años siguientes, por la vía de la negociación de los Presupuestos Generales, se extendió esa aportación estatal hasta el cien por cien. Entonces hubo una batalla política para apuntarse el tanto de la paternidad de la medida. Ahora, cuando –salvo movimiento inesperado de última hora del Gobierno– se acaban los fondos estatales para la gratuidad del transporte público en las Islas, la decisión se ha quedado huérfana.

Delgado echó la culpa «al Gobierno de Sánchez» y aseguró que están preparados por si –como ocurrió hace un año– a última hora hay un giro de guión. PSOE y Més per Menorca le afearon al equipo de gobierno que no siga apostando por extender la gratuidad con fondos propios o del Govern.