Adolfo Vilafranca y Maite de Medrano, en un pleno del Consell. | Gemma Andreu

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El gobierno en minoría del PP en el Consell puede respirar tranquilo, al menos en lo que respecta a las consecuencias de la batalla nacional que se ha desatado con la política migratoria como punto de discordia. La consellera insular de Vox Maite de Medrano tiene las manos libres para negociar su voto a los presupuestos de la máxima institución insular para 2025. Fuentes de la formación en Balears aseguraron ayer que la orden de suspender todas las negociaciones presupuestarias dictada por la dirección nacional «se limita a los parlamentos autonómicos» y no tiene efecto para instituciones de menor rango en las que el voto de los de Abascal es decisivo.   

De Medrano, la única que ostenta cargos de representación en la Isla, rechazó ayer atender a este diario, que sí ha podido saber que no ha presentado ninguna enmienda a las cuentas de la institución, algo que en condiciones normales podría dar pistas sobre sus intenciones, aunque en estos momentos no se puede avanzar cuál será el sentido de su voto, clave –con una abstención basta– para que el gobierno de Vilafranca pueda sacar adelante las que serían sus primeros presupuestos propios del mandato. De Medrano siempre se ha caracterizado por ser un verso libre, lo que añade un punto de suspense al proceso.

Tampoco el equipo de gobierno del Consell quiso revelar ayer, casi dos semanas después de presentar su propuesta de presupuestos, si ha iniciado contactos para negociarlos. Visto el previsible posicionamiento de PSOE y Més per Menorca, que ya han anunciado su oposición a las cuentas del PP para 2025, el voto de Vox será imprescindible para que no se repita lo ocurrido hace un año, cuando De Medrano, una vez roto el pacto de gobierno en coalición con los populares, tumbó la propuesta de presupuestos de sus antiguos socios.

Las mismas fuentes de la formación de extrema derecha en Balears aseguraban ayer que la orden de suspensión de las negociaciones de las cuentas autonómicas no tienen efecto en las Islas, por cuanto las negociaciones ya estaban rotas con anterioridad por la exigencia de la formación de extrema derecha de eliminar el catalán como lengua vehicular en la educación.