Los problemas de acceso a la vivienda se agravan y el sector y no ve que vaya a resolverse a corto plazo. | Gemma Andreu

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El programa Lloguer Segur, la medida estrella del Govern de Marga Prohens para hacer aflorar pisos vacíos ante el grave problema de acceso a la vivienda, ha arrancado con mal pie en Menorca y no hay grandes esperanzas entre el sector inmobiliario de que vaya a coger vuelo. Tres semanas después de su puesta en marcha, la iniciativa no ha despertado demasiado interés entre los profesionales. Solo una administradora de fincas de la Isla se ha adherido hasta el momento y, tras sus primeras experiencias, ya advierte de que con los requisitos establecidos para propietarios e inquilinos, va a ser complicado que tenga éxito.

La iniciativa, para la que el año que viene el Ejecutivo balear ha presupuestado 14 millones de euros, busca tentar a los propietarios de pisos vacíos ofreciéndoles garantías de cobro durante siete años para que los pongan en el mercado. La Administración se hará cargo del 30 por ciento de alquileres tasados por los agentes de la propiedad que no superen los 1.500 euros. «Como propuesta la veo muy bien porque los dueños tienen miedo a alquilar», explica la administradora de fincas Begoña Ogazón, el problema es que «será complicado que cumplan los requisitos, deberían flexibilizarlos».

Explica que desde su despacho, el único que se ha sumado al programa, están atendiendo pocas consultas de propietarios, apenas dos en este tiempo y que no cumplen con las condiciones. Apunta especialmente a una de ellas, la necesidad de que el piso lleve vacío seis meses. Explica el caso de un propietario que se va a vivir con su madre y deja un inmueble vacío: «Es un piso vacío que no puede beneficiarse del programa», lamenta.

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Desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Balears aseguran que en Mallorca y Eivissa sí se está tramitando la puesta en el mercado de viviendas vacías, pero que hay que reclamar y analizar mucha documentación –seguros, cédulas, justificantes, etc.– y todavía están intentando resolver dudas. Es el argumento que dan para explicar que todavía no se haya cerrado ninguna operación y que obviamente no haya ningún piso rebajado en el mercado. «Sabemos que no es la solución a todos los problemas, pero es la primera vez en 30 años que se estimula a los propietarios», subraya Bernat Seguí, secretario del colegio. En Menorca la cosa va mucho más lenta. «No se ha hecho mucha publicidad en la Isla sobre este programa», lamenta Ogazón.

El otro colegio profesional implicado en el programa a través del convenio firmado con el Govern, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears no facilita por el momento cifras sobre el arranque de este proyecto en Menorca. Serán los encargados de tasar las viviendas y de escoger a los inquilinos idóneos. Su delegado en la Isla, Daniel Fernández, también subraya que aquí «no se ha publicitado demasiado».

Las grandes inmobiliarias de la Isla no se han adherido al programa. Es el caso de Bonnin Sanso, que asegura que no ha recibido ninguna consulta al respecto ni de propietarios, ni de inquilinos. «Lo seguimos de cerca porque es nuestro trabajo, pero de momento no nos adherimos porque no le vemos demasiado sentido, son buenas ideas hasta que aterrizan en la realidad», explica su director comercial, José Pons, quien augura que el programa «tiene y tendrá una nula incidencia». Subraya que «no se espera que haga aflorar producto nuevo al mercado», al menos en la Isla.

Desde el sector consideran que no será tan complicado encontrar posibles inquilinos –la demanda está desbocada– aunque algunos requisitos establecidos «les echan atrás», explica Ogazón, especialmente contar con un avalista (que tendrá que demostrar su solvencia aportando la nóminas de tres meses); el otro es la acreditación de cinco año de residencia, que deja fuera a muchos profesionales llegados fuera con buenos sueldos (con hasta 60.600 euros anuales brutos pueden beneficiarse) y buscan casa.

El apunte

El Consell se niega a pedir al Govern otro programa adaptado a la realidad insular

El último pleno del Consell tumbó una propuesta del Grupo Socialista para instar al Govern a sustituir el actual programa Lloguer Segur «por un mecanismo que se ajuste a las necesidades de las familias menorquinas que no pueden acceder a una vivienda y a la realidad socioeconómica de la Isla». Desde la oposición criticaron especialmente el precio máximo fijado para los pisos (1.500 euros) y para los ingresos de los inquilinos (más de 60.000 euros). La propuesta fue desestimada con los votos del PP y el de calidad del presidente Adolfo Vilafranca.