Obras en marcha el pasado verano en la urbanización de Son Parc, en Es Mercadal. | Josep Bagur Gomila

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La Asociación de Constructores de Balears pide a los ayuntamientos de la Isla que permitan con urgencia que las llamadas entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) puedan desarrollar su actividad en Menorca, lo que a su parecer sería la vía más rápida para reducir el tiempo de concesión de las licencias de obra, que ahora mismo es de más de un año de media, llegando a superar, en algunos casos, los 24 meses.

«Hacemos este llamamiento porque ya ha pasado un tiempo desde que el Govern aprobó el decreto de simplificación administrativa, autorizando el funcionamiento de las ECU en Balears, y viendo la realidad de Menorca y los retrasos que hay en la concesión de licencias, queremos remarcar la importancia de poner en marcha esta solución», señala la gerente de la asociación, Sandra Verger.

En este sentido, recuerdan que el decreto del Govern abre la puerta a que las ECU puedan emitir informes técnicos y jurídicos para reducir los plazos de la concesión de licencias urbanísticas y facilitar el trabajo a las áreas urbanísticas municipales.

Indefensión

Los constructores denuncian que la demora en la concesión de licencias es un problema «cronificado» en la Isla, y constituye un claro incumplimiento de la ley, que establece un plazo legal máximo de tres meses para resolver y notificar licencias urbanísticas.

Además, señalan que esta situación genera «una enorme indefensión y un grave perjuicio económico e inversor a particulares y empresas», puesto que el retraso en la tramitación provoca que los presupuestos iniciales tengan que modificarse al alza por el incremento del precio de los materiales durante los meses o años de retraso. «A nuestro entender, en la concesión de licencias urbanísticas se produce un abuso de poder y una clara discriminación entre administración y ciudadano», afirman los constructores.

Por todo ello, consideran que es urgente que, como mínimo, se pruebe la vía de las ECU, ante la incapacidad de los consistorios para implementar soluciones. «Ya hace años que nos encontramos con este problema y los ayuntamientos no han encontrado ninguna manera para resolverlo y agilizar los trámites», lamenta Verger, quien asegura que en otros territorios,  como València o Madrid, esta solución ya está permitiendo acelerar la tramitación de las licencias.

Externalización

Desde la Asociación de Constructores de Balears remarcan que la externalización de los trámites para la concesión de las licencias de obra a través de las ECU, «no restará ninguna capacidad de control a la administración local». Además, señalan que al tratarse de entidades privadas, «se les puede exigir y reclamar que cumplan los plazos, a diferencia de lo que ocurre con la administración pública».

Asimismo, la gerente de la asociación, Sandra Verger, considera que si todos los ayuntamientos de la Isla apuestan por esta vía, el volumen de trabajo será suficiente como para que empresas de este tipo se instalen en Menorca, y asegura que a «los particulares les saldrá más rentable pagar que tener que esperar un año».

El apunte

Los consells piden un registro único para las entidades colaboradoras

A pesar de que el decreto de simplificación administrativa del Govern determina que el órgano competente para autorizar a las entidades urbanísticas colaboradoras (ECU) es el consell insular de cada isla, durante el proceso de enmiendas del decreto todos los consells solicitaron que el registro de las ECU, en lugar de ser insular, sea de ámbito autonómico. Con ello se pretende que no existan criterios diferentes para cada isla, además de simplificar las autorizaciones.

Asimismo, los consells piden que las tarifas máximas y mínimas para estas empresas también se fijen a nivel autonómico, y no insular, como se establece en el decreto. Por todo ello, ahora están pendientes de que estas modificaciones se concreten cuando el decreto se convierta en ley.

De todas formas, desde el Consell de Menorca recuerdan que el decreto establecía que hasta que no se crearan los registros insulares, las ECU que ya estuvieran autorizadas en otras comunidades podrían desarrollar su trabajo también en Balears, por lo que estas empresas ya puedan ofrecer sus servicios en la Isla.