A la izquierda, la analítica encargada por Salud en abril, y a la derecha la comunicación enviada a Hidrobal.

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La Dirección General de Salud Pública, perteneciente a la Conselleria de Salud, tuvo conocimiento de que el agua de Maó superaba los niveles máximos permitidos de nitratos durante el pasado mes de abril, puesto que la misma Conselleria encargó una analítica, a la que ha tenido acceso este diario, que así lo atestiguó.

De esta manera, quedan desmentidas las afirmaciones realizadas por la directora general de Salud Pública, Antònia Esteban, y la consellera de Salud, Manuela García, quienes han asegurado que tuvieron conocimiento de la situación a través de los medios de comunicación.

No se pide informar

Concretamente, el Servicio de Salud Ambiental, perteneciente a la Conselleria de Salud, encargó una analítica el pasado 16 de abril, que se realizó en el armario de muestras del Paseo Marítimo, perteneciente a la red de Malbúger.  Los resultados señalaron que la concentración de nitratos en el agua era de 52 miligramos por litro, por encima del valor máximo permitido por la ley, que es de 50 mg/l.

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A pesar de ello, la Conselleria no informó del resultado de la analítica a Hidrobal hasta el 23 de julio, tres meses después. Además, llama la atención que en la comunicación que se envió desde el Servicio de Salud Ambiental solo se pide a la empresa Hidrobal, concesionaria del servicio de agua en el municipio, que «de manera inmediata se enmiende esta incidencia, a los efectos de mantener el valor del parámetro nitratos por debajo del valor paramétrico previsto reglamentariamente».   

Sin embargo, la comunicación de la Conselleria no solicita en ningún momento a la empresa que informe a la población sobre que el agua de la red de abastecimiento no es apta para el consumo, ni tampoco se pide parar la desnitrificadora.

En el requerimiento sí que se informa a Hidrobal de que debe revisar su plan sanitario, para que la incidencia no se vuelva a repetir, y se le advierte de que si no lo hace puede incurrir en una infracción administrativa susceptible de motivar el inicio de un procedimiento sancionador.