El Seprona doblará su presencia en Menorca a partir de septiembre: los delitos que investigarán

La dotación de esta rama de especialistas del Instituto Armado en la Isla estaba muy por debajo de las circunstancias que tiene Menorca como Reserva de Biosfera por su escaso número de efectivos en los últimos años. Esta situación limitaba su capacidad de actuación para ejercer el control en todos los espacios naturales del territorio insular, en cualquiera de sus cometidos.

Desde el gobierno del Consell señalaron a principios de verano, por ejemplo, que el descenso del número de sanciones en materia de pesca en los últimos años se debía a que los servicios de vigilancia que operan en Menorca y que no dependen del Consell cuentan cada vez con menos medios, en referencia a los agentes de Medio Ambiente y del Seprona, principalmente.

Por este motivo, la necesidad de incrementar la plantilla había sido una de las reivindicaciones en las que más había hecho hincapié la directora insular de la Administración General del Estado, Isabel López Manchón, ante la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Finalmente la insistencia de la representante del Estado en la Isla, junto a la mediación de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, con segunda residencia en Es Mercadal,  ha dado resultado. Durante la primera semana de septiembre han de llegar al cuartel de Ciutadella, donde tiene su base el Seprona, los dos nuevos guardias en esta especialidad que fue creada hace 36 años.

La ampliación del número de especialistas, además, será aún mayor puesto que está prevista la incorporación de un quinto agente para finales del presente año, según ha informado la directora insular de la AGE.

Investigación en curso

En la actualidad, entre otras intervenciones, el Servicio de Protección de la Naturaleza en Menorca, con apoyo de efectivos de la Comandancia de Palma, ultima la operación que tiene en marcha en Ciutadella por un delito medioambiental contra los recursos naturales antes de su remisión al fiscal y al Juzgado. Los agentes investigan, desde hace tres años, la sobreexplotación y salinización de un número indeterminado de pozos que abastecen a la población, sin que los gestores municipales tomaran las medidas precisas para corregirlo.