Los dos bloques de pisos de la Sareb en Maó están ubicados en las calles de Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó. | Gemma Andreu

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La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se ha comprometido a subrogar los contratos que presentaron los inquilinos de los dos bloques de pisos de Maó que el denominado banco malo adquirió en octubre en una subasta por poco más de 10 millones de euros.

Con esta acción, la Sareb ha confirmado a «Es Diari» que prácticamente toda la promoción quedará regularizada. Aclara que de los 53 pisos que hay, algunos de los ocupantes carecen de documentación «y tenemos que ver si cumplen los requisitos para el programa social o si tienen interés en la compra preferente».

El denominado banco malo no concreta cuántos inquilinos hay sin contrato, pero asegura que casi todos aportaron la documentación y «pese a la mala praxis del promotor, entendemos que hay buena fe en los inquilinos y se mantendrán los contratos».

Hay que recordar que el promotor de los dos bloques de pisos, ubicados en las calles de Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó, estuvo involucrado en una trama de corrupción empresarial por la que desvió dinero y eludió el pago de deudas. La subasta judicial, activada entre el 12 de septiembre y el 2 de octubre, informaba que la deuda reclamada ascendía a 16,6 millones de euros.

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Contratos ilegales

Desde que la Sareb se adjudicó los dos inmuebles, los inquilinos han vivido meses de incertidumbre que se ha agravado en las últimas semanas por los burofaxes que han recibido en los que, en la mayoría de los casos, se les informaba que estaban «ocupando sin título alguno que legitime su posesión» las viviendas.

Los afectados, como ya advirtió el denominado banco malo a este diario, tenían en su poder contratos ilegales que no podían ser regularizados de ninguna manera y por los que solo podían optar a la compra prioritaria del piso porque el objetivo de la Sareb es vender todos los activos antes de su disolución en 2027.

Actuaron «de buena fe»

Sin embargo, la sociedad ha afirmado ahora, y así lo ha trasladado también al Ayuntamiento de Maó —que ha mantenido contacto directo con los inquilinos y la Sareb— que reconocerá el derecho a permenecer en las viviendas a todas las personas que hayan aportado contrato, independientemente de la ilegalidad de los mismos, porque entiende que los vecinos actuaron de buena fe.

Está previsto que en los próximos días representantes del denominado banco malo se reúnan con todos los inquilinos para revisar nuevamente las diferentes situaciones; dar salida a los casos de vulnerabilidad de todas las familias, tengan o no contrato vigente; y plantear una oferta de compra a los arrendatarios.