El Consell auditará las cuentas del IME | Gemma Andreu

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El Consell ha publicado la oferta de contrato menor para realizar las auditorías de tres de sus entes externos. Para la    auditoría del Institut Menorquí d'Estudis (IME), se prevé destinar un máximo de 12.000 euros (IVA excluido), y para las del Consorci de Residus Urbans i Energia (CREM) y el Consorci Sociosanitari (CSS) el presupuesto máximo es de 7.500 euros, también sin IVA.

Según la oferta de contratación, las auditorías se deberán llevar a cabo en colaboración con el servicio de Intervención del Consell, y tendrán que servir para verificar que las cuentas anuales reflejen de manera fiel la situación financiera de los tres organismos.

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Asimismo, se realizará un control financiero permanente y continuado, para comprobar que el funcionamiento de las entidades se ajusta a los principios de buena gestión.

Contratos menores en el IME

En el caso del Institut Menorquí d'Estudis, el contrato también especifica que la auditoría deberá incluir el análisis del gasto realizado a través de contratos menores durante el ejercicio 2023. Durante el mandato anterior, los populares ya habían lamentado la falta de transparencia en el supuesto fraccionamiento de contratos del IME, que un informe del propio Consell descartó, y el presidente Vilafranca anunció el plan de auditorías durante los primeros días de la legislatura.

Las auditorías se iniciarán una vez presentadas las cuentas generales de las entidades y se deberán finalizar, preferiblemente, antes del 30 de junio de 2024, o como fecha máxima antes del 1 de octubre de 2024.

El apunte

Una obligación legal que no se estaba cumpliendo, según el PP

El Plan Anual de Control Financiero y Auditoría que ha puesto en marcha el departamento de Economía y Servicios Generales del Consell, responde a un requisito legal en vigor desde la aprobación del Real Decreto 424/2017, que establecía como novedad la obligación del órgano interventor de las entidades del sector público local de elaborar un plan anual de control financiero, que debe servir para complementar la función interventora habitual. Desde el Partido Popular acusan al anterior equipo de gobierno de incumplir esta obligación desde su entrada en vigor en 2018.