Los arquitectos apoyan un cambio de estrategia que dé salida a los núcleos ilegales en suelo rústico

Para Taltavull las condiciones de base «inexcusables» para una posible legalización serían la habitabilidad de las casas y la mejora de la eficiencia energética. El Colegio de Arquitectos, en sus alegaciones a la revisión definitiva del PTI, se refirió precisamente a estos núcleos en el campo, «ya dijimos que no entendíamos por qué no se cambiaba de estrategia», después de tantos años sin hallar una salida para el problema de los hortales. El PTI aprobado en 2023 amplía los plazos, concede seis años para legalizar los hortales, pero mantiene el límite máximo de 90 metros cuadrados construidos.

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«Aunque miremos a otro lado las construcciones están ahí, se han quedado en un vacío legal», apunta Enric Taltavull, por lo que, a falta de leer la letra pequeña, una medida que permitiera dar salida a su ordenación «tiene justificación», declara.

'Especulación urbanística', según el GOB

En la postura totalmente contraria está el coordinador de Política Territorial de la entidad ecologista GOB, Miquel Camps, quien considera que una amnistía de este tipo solo es «una operación de especulación urbanística bendecida por un gobierno democrático». Para Camps, es fundamental que el PTI actual marca que los hortales, si no tienen su plan de regularización en el plazo de seis años, quedarán fuera de ordenación. Es decir, sin ninguna perspectiva de legalización, lo que de inmediato reduce su precio en el mercado. Este es «un efecto que los propietarios entienden», y recuerda que han edificado de manera ilegal, por lo que no deberían quejarse de poder regularizar un máximo de 90 metros cuadrados.

«Una amnistía urbanística sería un verdadero desastre», asegura, «los que han hecho las cosas bien se quedan con un palmo de narices, hay que educar a la ciudadanía en hacer las cosas bien». El exdirector general de Vivienda del Govern y número dos socialista en el Consell de Menorca, Eduardo Robsy, señala que incorporando a la ordenación edificios actualmente fuera de la misma, surge «un mercado de viviendas que ahora no lo son, estaban condenadas al derribo o a la no renovación, que a nadie le interesaban pero ahora sí», con la revalorización de construcciones ilegales.