El Govern de Marga Prohens prepara cambios en la Ley de Vivienda. | Gemma Andreu

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Una 30.000 viviendas de Balears construidas en su día sin ningún tipo de autorización se encuentran en un limbo porque son ilegales, pero siguen en pie y no se puede ordenar la demolición ya que el delito urbanístico ha prescrito. Cuántas de ellas se podrán acoger a la amnistía urbanística que prepara el Govern es por ahora un misterio porque el Ejecutivo trabaja en medidas territoriales inminentes, pero la discreción es total para evitar que el anuncio de las propuestas provoque efectos indeseados.

La Conselleria d'Habitatge de Marta Vidal prepara tres líneas de trabajo: habrá unas medidas urgentes, que podrían aprobarse este mismo mes de septiembre, pero en paralelo se trabaja en un decreto de emergencia habitacional, que podría estar listo a final de año.

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Ley de Vivienda, a largo plazo

A la largo plazo está la modificación de la Ley de Vivienda que aprobó el Pacte, para acabar con los aspectos más «intervencionistas», como la obligación de que los grandes tenedores cedan sus pisos vacíos, algo que se eliminará. En esta modificación es donde puede que se incluya la amnistía fiscal que figura en el programa del PP. Prevé la incorporación a la ordenación de construcciones fuera de ordenación, siempre que sea a cambio de rehabilitar el inmueble con medidas de eficiencia energética e hídrica, y el pago de una sanción.

Algo similar planteó el PP cuando Gabriel Company era conseller de Territori. Se legalizaron unas 1.500 viviendas, menos de las esperadas, pero la situación económica era muy desfavorable en esos años, en plena crisis económica. De forma más inmediata, la consellera d'Habitatge Marta Vidal anunció la pasada semana en Eivissa que está trabajando en reformas legislativas a corto y medio plazo y que quiere contar con el consenso del resto de administraciones, como los consells y los ayuntamientos.