La Ley balear de Urbanismo de 2018 establece que las infracciones en rústico no prescriben. | CAIB

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El Govern prepara un paquete de medidas en materia de vivienda y urbanismo que podrían incluir la promesa electoral del PP de incorporar a la ordenación construcciones actualmente fuera de la misma, es decir, ilegales, siempre que sea a cambio de rehabilitar el inmueble con medidas de eficiencia energética e hídrica, y el pago de una sanción.

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, declaró ayer que «no hay nada redactado» y que aún no se puede concretar nada. De aprobarse dicha medida, que allanaría el camino a los consells para legalizar asentamientos como los hortales en Menorca, sería de aplicación en las islas que se adhirieran a esa vía, puntualiza.

Dicha amnistía se podría incluir más a largo plazo en los cambios que prepara el Govern en la Ley de Vivienda.

El GOB lo ve injustificable

En su compromiso electoral el PP plantea que el dinero recaudado con el pago de las sanciones para legalizar esas casas en rústico se destine a inversiones finalistas, en el ámbito medioambiental o de promoción de suelo público, algo que para el GOB no es más que una cuestión de «maquillaje», ya que detrás habría una revalorización inmediata de las edificaciones ahora fuera de ordenación, «es injustificable», opina el coordinador territorial del GOB en Menorca, Miquel Camps.

La posibilidad de esa amnistía urbanística similar a la que se llevó a cabo con el conseller Gabriel Company y que permitió legalizar 1.479 proyectos urbanísticos en suelo rústico (cerca de 150 construcciones en Menorca) ha puesto en alerta a los ecologistas y a la oposición.

Robsy: 'Va contra el modelo de Menorca'

Por su parte, el conseller socialista Eduardo Robsy declaró ayer que una medida así generaría disparidad de criterios e iría contra el modelo territorial de Menorca. Además, Robsy criticó que «el problema de la vivienda no vale para justificar cualquier cosa».

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En el anexo I del Plan Territorial de Menorca, dedicado a los núcleos rurales y huertos de ocio, se contabilizan 1.394 edificaciones en las parcelaciones en rústico de los distintos municipios.

El Consell quiere cambiar el PTI

El PP promete en su programa electoral solucionar el problema histórico de los hortales y eso pasa «inevitablemente», tal y como afirmó ayer la consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, por cambiar el PTI que se aprobó al filo de las elecciones locales, en abril de este mismo año.

El pasado día 10 representantes del Consell y de la Associació d'Hortals se reunieron para tratar sobre cómo regularizar estos asentamientos. Los propietarios «piden una solución real al problema existente, porque la revisión del PTI al final no ha cambiado nada, hay otros temas a regular, no solo los plazos», señaló la consellera, sin entrar en detalles.

La petición de los propietarios

Desde la asociación le transmitieron que en estos últimos veinte años, la vía de que los dueños de las construcciones impulsen los planes especiales ha entrado en punto muerto. «No es la solución, en los núcleos hay intereses y sensibilidades diferentes, eso no ha funcionado», subrayó Torrent.

El PTI actual amplía los plazos, de hecho los dobla, pero especifica que transcurridos seis años desde la entrada en vigor de la norma insular, si los núcleos no han aprobado sus planes, será el Consell quien se subrogue la potestad de elaborarlos. Eso sí, puede decidir que clasifica los terrenos afectados como suelo rústico común y dejar las edificaciones existentes en la zona fuera de ordenación, en una situación urbanística muy complicada.

La consellera de Ordenación Territorial no especificó en qué sentido irá esa modificación puntual del PTI; insiste en que el nuevo gobierno «quiere proponer una regulación que dé una solución real al problema» y sobre las futuras medidas del Govern, afirma no tener noticias. El PP en su programa para Menorca prevé modificar el PTI «que afecte a núcleos rurales y huertos, incrementando los parámetros para adaptarlos a la edificación existente, con una equitativa distribución de beneficios y cargas que no sea deficitaria para los propietarios», señala textualmente.