Retransmisión del pleno del Consell que ha aprobado de forma definitiva el Plan Territorial Insular. | Youtube: Consell Insular Menorca

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Después de siete años de trabajo y a cinco días de las elecciones, el Consell de Menorca ha aprobado este martes de forma definitiva la revisión del Plan Territorial Insular. Ante una sala de plenos repleta de público como pocas veces, el tripartito formado por PSOE, Més per Menorca y Unidas Podemos ha consumado la entrada en vigor de un documento de ordenación urbanística que, en la práctica, va mucho más allá de este ámbito. El PP ha votado en contra y Ciudadanos ha optado por la abstención.

Respecto al primer PTI de hace 20 años se incorporan novedades como la prohibición del alquiler turístico en los cascos urbanos, la ubicación que pueden tener los parques solares en suelo rústico -aunque la mayoría ya han sido autorizados- o la construcción de vivienda protegida en las zonas de crecimiento. A lo que no se llega es a la intervención del ciclo del agua, unas competencias que el Consell de Menorca tiene pendiente de recibir de la Comunidad Autónoma.

Tampoco se incluye el techo de plazas turísticas, la limitación a la entrada de vehículos o la ordenación de la costa, aspectos que la institución menorquina tiene pendientes a través de la Ley de Reserva de Biosfera u otros mecanismos.

El conseller insular de Territorio, Josep Pastrana, ha defendido que aprobar una norma de esta magnitud en la recta final del mandato y coincidiendo con la campaña electoral es «legítimo y democrático». «No es un PTI que se haya hecho en dos meses ni de espaldas a la sociedad», ha recordado, «es el resultado de una larga tramitación y un gran proceso participativo», donde no han faltado los debates públicos, las consultas a entidades sociales y los informes preceptivos de otros organismos, como la Comisión Balear de Medio Ambiente o la Dirección General de Costas.

Imagen del pleno del Consell de este martes, con el público llenando la sala. | Katerina Pu
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Alegaciones sin contestar

La aprobación definitiva del Plan Territorial llega a pleno sin que las personas o entidades que presentaron alegaciones al documento provisional sepan si han sido aceptadas o descartadas. El conseller Pastrana se ha comprometido a que todos los que han visto rechazadas sus aportaciones recibirán una respuesta justificada del Consell con los motivos. Equilibrio y sostenibilidad han sido dos de las palabras más repetidas de su discurso, donde se ha preguntado dónde estaría hoy Menorca de no haberse aprobado el PTI de 2003.

El Consell de Menorca culmina así la primera revisión completa del Plan Territorial aprobado en 2003, bajo la presidencia de la socialista Joana Barceló. La norma debía tener, en principio, una vigencia de diez años. Tras una primera modificación parcial en 2006, fue el gobierno del PP con Santiago Tadeo el que lo modificó en la práctica mediante una Norma Territorial Transitoria a finales de 2014. El actual pacto de gobierno hizo una derogación parcial de esa norma y se embarcó en la revisión del Plan Territorial, un proceso iniciado en 2016 y finalizado ahora siete años después.

El conseller Josep Pastrana, durante un momento de su intervención. | Katerina Pu

La Menorca de hoy, sostiene Pastrana, es la consecuencia de un modelo territorial que impidió urbanizaciones en primera línea de costa, preservó el suelo rústico de la presión turística y blindó los espacios naturales más emblemáticos.

El 30 % de los nuevos crecimientos para VPO

Entre las novedades de la revisión del Plan Territorial, el conseller destaca que el 30 por ciento del suelo en los nuevos desarrollos urbanos tenga que dedicarse a vivienda protegida, al tiempo que se incrementan entre un 25 y un 33 por ciento las densidades de las zonas de expansión para que pueda construirse más casas. También se incorporan las restricciones al alquiler turístico vacacional y el reglamento para la apertura de agroestancias en los llocs, una figura prevista en la ley balear que no ha llegado a desarrollarse hasta ahora.

Con todo, la creación de nuevas plazas turísticas, tanto de alquiler vacacional como hoteleras, así como las de turismo rural o de interior, se mantienen en suspenso por la aplicación de una moratoria balear mientras el Consell no determine cuál es el techo de crecimiento que Menorca puede albergar. Solo se libran de esta prohibición los crecimientos pendientes en las Áreas de Reconversión Territorial de las urbanizaciones.

El apunte

El PP ve «autoritario y poco democrático» aprobarlo antes de las elecciones

El portavoz del Grupo Popular, Adolfo Vilafranca, ha criticado en su intervención la «autocomplacencia» mostrada por los portavoces del tripartito. A su juicio, la aprobación definitiva del Plan Territorial a cinco días de las elecciones demuestra un «talante autoritario y poco democrático». Acusa a los partidos de progresistas de «hacer propaganda electoral» e «imponer a la mitad de los menorquines» un modelo con el que no están de acuerdo. Recuerda que el gobierno que salga de las urnas tendrá las manos atadas para modificar de forma rápida esta regulación.

Vilafranca pone como ejemplo que de las 60 alegaciones presentadas por los populares solo se han aceptado dos que aludían a errores tipográficos. Lamenta que el nuevo PTI no dé soluciones a la necesaria diversificación de la economía menorquina y recuerda que la Isla es hoy más dependiente del sector turístico que hace 20 años. Critica que se limite el crecimiento del suelo industrial en Alaior y que no se aborde una reducción de la burocracia.

El portavoz de los populares ha defendido la contribución de la Norma Territorial Transitoria aprobada por el PP en 2014 para diversificar la oferta turística de Menorca con alojamientos de mayor calidad en el turismo rural o urbano. «Ahora se ponen más trabas que nunca», asegura, y ha recordado que Menorca es una de las zonas de España donde más se ha encarecido la vivienda.  

Vilafranca también ve contradictorio que se autoricen nuevos crecimientos urbanos mientras no se cumple el objetivo de reducción de fugas de agua en la red municipal o que se establezcan criterios para el diseño de carreteras en contra de las recomendaciones de seguridad vial del Ministerio de Transportes.