Una de las piscinas de uso privado del agroturismo que en un principio se dijo que serían depósitos soterrados. | Archivo

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El GOB se plantea interponer un contencioso administrativo ante la falta de transparencia que, según afirman, envuelve el caso de las piscinas del agroturismo de Torre Vella. Así lo ha anunciado este viernes la entidad ecologista, tras denunciar el veto del Ayuntamiento de Alaior para poder ver el expediente. Las siete piscinas sin licencia construidas en el establecimiento siguen su proceso de legalización y han salvado un escollo, al contar este proyecto con el informe técnico favorable del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico.

Según ha anunciado la entidad ecologista, ha trasladado esta petición al Consejo de Transparencia, órgano que depende del Govern. Afiman que «si no hay respuesta positiva, ya se ha acordado que se interpondrá un contencioso administrativo».

Desde el Ayuntamiento de Alaior recuerdan que la Audiencia Provincial de Palma ya desestimó meses atrás una denuncia del GOB en el mismo sentido, en este caso por no dejarles acceder al expediente del proyecto de reforma de los hoteles de Meliá en Son Bou. Niegan que exista falta de transparencia y sostienen que se trata de una decisión de carácter técnico. Recuerdan, además, que tampoco el Consell ha permitido al GOB acceder al expediente que tiene abierto el Consorcio de Suelo Rústico.

El GOB insiste en tener acceso

El coordinador territorial, Miquel Camps, ya señaló esta semana a 'Es Diari' que «solicitamos el acceso al expediente del Ayuntamiento de Alaior en noviembre del año pasado y aún no hay respuesta, y hace unos 10 días lo volvimos a reclamar».

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Los ecologistas recuerdan que la polémica de Torre Vella es urbanística y ambiental: «Este agroturismo inició su tramitación cuando todavía se podían dedicar todos los edificios agrarios a las actividades turísticas y se podían incrementar sus volúmenes».

En los edificios principales se proyectaron ampliaciones, mientras que en otros ocho edificios auxiliares también se incluyeron para ser destinados al turismo, alcanzando un total de 5.500 metros cuadrados para usos turísticos y una piscina. Como no quedó nada para la actividad agraria, se levantaron nuevas construcciones de unos 1.000 metros cuadrados al lado del Camí de Cavalls.

Después de avisar al Consorcio de Disciplina Urbanística en 2019 que habían aparecido siete piscinas que no contemplaba el proyecto, se descubrió una lista de irregularidades.

La Conselleria de Medio Ambiente del Govern balear envió agentes a realizar una inspección y hallaron dos vertederos de más de 2.000 metros cuadrados, la apertura de un nuevo camino denegado y pavimentación de otros caminos.