El juez del caso Cesgarden cree que la defensa del Consell «fue muy mala»

Entre las resoluciones del juez Fiol Gomila en Menorca es especialmente recordada la indemnización de 30 millones a la promotora mallorquina Cesgarden por un hotel en Son Bou que frustró el PTI. Hace de ello una década y la sentencia ha sido cumplida.

¿No le tembló el pulso al castigar así al Consell de Menorca?

—La sentencia de Cesgarden tuvo en su momento unas importantes connotaciones desde el punto de vista económico para la administración, es cierto.

¿Cómo lo recuerda?

—Fue un litigio con igualdad de armas procesales entre las partes. La administración utilizó unas y los particulares otras y el tribunal se decantó por las del administrado. Así de claro.

¿Entonces falló la defensa del Consell al escoger sus armas?

—Eso no lo he dicho, pero es obvio que la defensa fue muy mala.

Es la sensación que quedó aquí después.

—Basaron su defensa en una causa de inadmisibilidad del contencioso, en cuestiones formales. Pero si el tribunal no aceptaba la inadmisibilildad se había de entrar en el fondo. Además había periciales con una gran importancia económica, los abogados de las partes debían trabajar con los dictámenes periciales y combatirlos. No dijeron ni pío.   

Sorprendió aquí que se estimara el lucro cesante.

—En un tema de responsabilidad patrimonial de la administración intervienen tanto el daño emergente como el lucro cesante. Es el tribunal el que ha de valorar ambos y resuelve en función de las circunstancias del caso. El primero tiene una margen de maniobra muy limitado, el lulcro cesante tiene un margen más elevado.

Aunque su obligación haya sido dictar justicia, un caso así, tan próximo ¿le dolió?

—No, ni este caso ni ninguno. Puedo decir claro y con la cara bien alta que jamás he perdido el sueño por un asunto. Todos los días de mi profesión he estado resolviendo pleitos. Yha habido casos más importantes que el de Cesgarden.

¿Por calado económico?

—Ha habido casos en las Islas importantes, el tema de la demolición de la casa de la Infanta de Doña Pilar, el puente de Porto Cristo, el tema de los chalés de Deià, Llucalcari, las indemnizaciones multimillonarias, más altas aún, de Ses Covetes y Es Trenc.

¿También tuvo algo con Bauzà en aquellos cuatro años políticamente agitados?

—Sí, el TIL y otro asunto, si era compatible el presidente del Govern con la titularidad de una farmacia. En esta sentencia hubo dos votos particulares, un compañero y yo creímos que era incompatible. Ya no lo recuerdo muy bien.

También es usted el que frenó el camino hacia la indepedencia de Fornells.

—También, también, pero ese fue un tema político, que se judicializó. Era un tema para resolver políticamente, creo recordar que la resolución administrativa (el acuerdo político de una institución) que nosotros analizamos partía de la base de que uno de los dos grupos del Consell se abstuvo y el otro votó en contra. Los jueces no teníamos que haber intervenido aquí.

«Rebajar el delito de sedición puede ser una necesidad, el de malversación, no»

¿De ahora en adelante es usted «un fascista sin toga»?

—Ja, ja ja. Los jueces sabemos leer y escribir, todas las interpretaciones jurídicas que se han hecho en los tribunales de todas las comunidades autónomas han coincidido en la misma lectura. Por tanto, no se puede utilizar este término.

¿Qué le parecen este tipo de descalificaciones, excesos de la libertad de expresión o simple ignorancia?

—Es un problema de ignorancia. La libertad de expresión es un derecho obviamente, no un derecho absoluto, el único constitucionalmente absoluto es el derecho a la vida, para todos los demás estamos en democracia, hay que respetar las opiniones. Esas no las comparto en absoluto.

¿Se siente más libre o nota que le falta poder?

—Los jueces no tenemos poder, interpretamos las normas y aplicamos el Derecho.

Pero la Justicia es un poder.

—Sí, pero no me lo planteo así, he sido siempre un servidor público, el ciudadano es el que tiene los derechos, nosotros le damos la razón o no en función de los litigios.

«La Justicia es tan  lenta porque faltan muchos jueces, no juzgados. Y cuando llega tarde no es Justicia»

¿Cómo se ve el poder judicial desde dentro?

—La expresión así, tal cual, puede sonar a equívoco. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno con una serie de facultades, pero no tiene jurisdicción ni puede dar indicaciones a jueces y tribunales. Cada juez es independiente al dictar sentencia, desde el juzgado más pequeño al tribunal más importante.

¿Y si cambiamos poder judicial por la Justicia?

—Todos somos personas, hombres y mujeres y la justicia por principio es la constante y perperpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Esta sería la definición más lógica. A partir de aquí, cada juez, como en cualquier profesión, la puede aplicar de una manera u otra.

Abogados y un juez retirado hablaban hace dos días en estas páginas del descrédito de la Justicia.

—Creo que se está confundiendo el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. El primero no forma parte del poder judicial bajo ningún concepto, es un título distinto de la Constitución. Que el Tribunal Constitucional haya tenido una actuación insólita, sorpredente, es cierto, nunca se ha visto que antes de producirse una resolución hubiera una media cautelarísima. Y el Consejo General del Poder    Judicial está en estos momentos bajo mínimos cuando hay una prórroga de cuatro años que no era previsible.

¿Cómo interpreta las recientes decisiones políticas, el Gobierno quiere asaltar el poder judicial como dicen algunos?

—Son opiniones. El periodismo es información veraz y, luego, la opinión, que es libre. Respeto esas opiniones pero no las comparto en modo alguno y, en ningún caso social, penal o contencioso-administrativo influirán sobre los jueces.

Los jueces de los que habla antes eran independientes y hoy son conservadores o progresistas, ¿dónde se sitúa?

—Es una definicion absurda y recurrente. Normalmente, a los jueces que trabajan en los órdenes civil, social y penal no se les califica. Los que estamos trabajando en el orden contencioso-administrativo, donde estamos resolviendo asuntos en los que una de las partes litigantes es la administración entonces sí que se pueden tildar. Por lo que a mí respecta, en mi sala hemos sufrido esas calificaciones, pero los debates son exclusivamente jurídicos. Aunque admito que todo juez tiene su forma de pensar y sus creencias sociales, religiosas o políticas, somos personas, en las sentencias de las que he formado parte no he visto que se haya plasmado ese tipo de influencia.

Pero dígame si es del Barça o del Madrid, conservador o progesista.

—Es que no los hay. Es una expresión periodística.

«Desde el siglo pasado la lengua que he utilizado en el trabajo es el catalán. De ahí a llamarme catalanista hay un abismo sideral»

Al dar noticia de su retirada, algún medio lo ha tildado de juez catalanista, ¿lo es?

—No, escribo en catalán, que es distinto. En Balears hay dos lenguas cooficiales, se puede utilizar cualquiera de las dos y como juez tengo derecho a utilizar la que considere, siempre que no cause indefensión ni tenga que surtir efectos fuera de la jurisdicción. Y, efectivamente, desde el siglo pasado, la única lengua que he utilizado en mi trabajo ha sido el catalán. De aquí a llamarme catalanista hay un abismo sideral.

Tal vez es por alguna sentencia relacionada directamente con el debate lingüístico.

—En estas casi siempre se le ha dado la razón a la administración y en algunos casos al administrado. Hay muchas, lo que pasa es que parece ser que se refieren a la última, que no es una sentencia, es un auto de medidas cautelares, que es distinto, no compele al tribunal cuando tenga que resolver a que falle en el mismo sentido de la medida cautelar. Supongo que es alguna sobre el 25 por ciento en castellano.

¿Por qué la Justicia es tan lenta?

—Porque faltan muchos jueces. No faltan juzgados, siempre he sido partidario de que en una oficina judicial tiene que haber varios jueces, por ejemplo un juzgado de Maó debería estar servido por tres jueces, no como órgano colegiado sino como juez unipersonal.

¿Hasta qué punto crea injusticia la Justicia por el retraso?

—La justicia lenta no es Justicia, en mayúsculas, lo subrayo.

¿Ha sentido presión social o política?

—Nunca jamás. Nunca nadie en 46 años como juez me ha dicho absolutamente nada.

¿Por qué se ha judicializado tanto la política?

—Ha sido en los últimos veinte años. Cuando llegué a la Sala de Contencioso, con competencia en todo lo que era la administración, había 120 asuntos al año. En unos pocos años pasamos a cinco mil y se tuvieron que crear los juzgados de lo contencioso. El aumento de la litigiosidad ha sido espectacular.

¿Cómo explica el fiasco del caso Cursach con el fiscal pidiendo perdón?

—Es una materia que no me compete, solo lo he seguido por los medios, no tengo opinión.

¿Se podía imagina en los años 70 y 80 cuando comenzó que la política iba a dar tanto trabajo a los jueces?

—Nunca, jamás. Ha habido una disbauxa legislativa, un frenesí por modificar normas, reglamentos, disposiciones. Mira, la ley procesal administrativa desde el año 56 al 98 no tuvo ninguna modificación. En el 98 salió una nueva ley, que sustituía a la anterior, y desde entonces ha habido mas de 50 reformas puntuales.

¿Los politicos de Balears son los más corruptos o es que aquí se ha denunciado e investigado más?

—Los tribunales actuamos por denuncias, en materia de infracciones urbanísticas desaforadas las había en Palma, Calvià, Marratxí y Andratx, que es donde comenzaron a denunciarse. Al decir nosotros que las licencias estaban mal dadas porque eran disconformes con el ordenamiento jurídico, después con sentencia firme de los tribunales contencioso-administrativos empezaron a actuar fiscalías y los juzgados de instrucción.

¿Rebajar el delito de sedición y el de malversación para pacificar conflictos políticos le parece acertado?

—Es descertado rebajar el delito de malversación porque    se supone qué personas pueden cometerlo, que son las mismas personas que modifican las leyes. Creo que soy claro.

Sí, que los políticos se perdonan a sí mismos ¿Y la sedición?

—Rebajarlo puede ser una necesidad para adaptarlo a la    normativa europea, no suprimirlo.

¿Cómo ve tanto trasvase de jueces al poder legislativo y al ejecutivo?

—Las puertas giratorias famosas. Soy totalmente contrario.    Hemos tenido destacados miembros de la Judicatura y ahora a Grande Marlaska, Margarita Robles y aquí en Balears, Yllanes. Considero que si se van a la política no deberían volver a la carrera judicial.

La Constitución tiene casi tantos años como su carrera judiical, ¿es hora de revisarla?

—Es evidente que tiene vocación de permanencia pero también hay que tener presente que cualquier ciudadano menor de 62 años no la ha votado. Hay que adaptarla a los tiempos que corren.