Imagen de una escuela infantil de Maó

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El proceso de adjudicación del servicio de Educación Infantil por parte del Ayuntamiento de Maó mediante un concurso público no está resultando nada sencillo. Y todavía le queda, al parecer, un largo recorrido. La Cooperativa d'Escoles Infantils de Maó, único aspirante a la licitación y actual prestatario del servicio en estos momentos mediante un convenio anual con el Consistorio, no ha logrado reunir los requisitos legales que establece la ley de contratación.

Una parte de estos requisitos solicitados para firmar el contrato son difíciles de cumplir por parte de empresas, como es este caso, que se crearon para un cometido en concreto y que no tienen actividad más allá del contrato en cuestión. Una vez la mesa de contratación del Ayuntamiento de Maó dio por buena la oferta de la Cooperativa, a mediados de septiembre, le concedió un plazo de diez días para entregar una garantía de casi medio millón de euros y varios documentos relacionados con la demostración de solvencia técnica, económica y financiera. En este último aspecto, en concreto, se debe acreditar que «el año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato», en este caso unos 2,5 millones de euros. Algunos de estos aspectos no se han logrado acreditar, con lo que el concurso se declara desierto. Cabe recordar que el punto de solvencia económica y finaciera fue objeto de un recurso presentado por la Cooperativa, y que fue desestimado.

Incertidumbre

Desde el Ayuntamiento de Maó lamentan este nuevo revés en la adjudicación del servicio, que se continuará prestando los próximos meses mediante convenio (como en los últimos años), ya que la Cooperativa cumplía con los requisitos técnicos y de calidad fijados en los pliegos de condiciones. Se muestran decepcionados por el hecho que se deba prolongar este trámite y anuncian que se volverá a licitar, aunque con mucha incertidumbre, puesto que los requisitos que no se han podido acreditar vienen marcados por ley y son inamovibles. No es una decisión política.