Así lo ha indicado Aguiló durante su comparecencia, a petición del Grupo Popular, en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament para detallar estas notas, las cuales provocaron un receso en la aprobación de esta normativa en el Consell de Menorca y una crisis en el equipo de gobierno insular.
Las notas jurídicas no se hicieron sobre la versión definitiva del anteproyecto que está en tramitación parlamentaria actualmente, sino que tenía como fecha el 24 de junio de 2021. La consulta, además, fue realizada a la Abogacía por parte de la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido.
La consulta se realizó el 5 de abril y al día siguiente, 6 de abril, desde la Conselleria se pidió a la Abogacía una opinión sobre la normativa. En este punto, ha remarcado que no le han solicitado analizar el texto definitivo que actualmente está en tramitación parlamentaria. «Nos hacen un favor si no nos piden pronunciarnos» ha señalado Aguiló, añadiendo que tienen «una carga de trabajo importante».
Sorpresa «mayúscula» al ver las notas en la prensa
La directora ha reiterado en diversas ocasiones que las notas «no dejaban de ser un primer borrador que podía ser útil únicamente como primera impresión, pero de ninguna manera se podía considerar un documento público ni el parecer definitivo de la Abogacía».
Aguiló ha destacado que su sorpresa fue «mayúscula» cuando vio que estas notas aparecieron en los medios de comunicación y la trascendencia de las mismas, dado que, ha insistido, «eran un borrador de primeras impresiones». «No es agradable ver en los medios cómo se criticaba un documento como si fuera una opinión formal y definitiva de la dirección de la Abogacía», ha lamentado.
Según Aguiló, las consultas que se realizan a la Abogacía no son de obligado cumplimiento y tienen «una vertiente informal». «Es normal que la persona titular de la Conselleria de Presidencia consulte a la Abogacía respecto de lo que ha de ser, aún no lo era porque era un borrador, una proposición de ley».
A su juicio, «es adecuado desde todos los puntos de vista» hacer una regulación legal de la condición de Menorca como Reserva de la Biosfera, así como que el principio de descentralización rija al norma.
Los grupos preguntan por la cronología de los hechos
En el turno de intervenciones, todos los grupos han realizado preguntas a Aguiló a excepción de MÉS per Mallorca y el PSIB, quien ha agradecido el trabajo de la Abogacía y ha mostrado su sorpresa por el hecho de que las notas acabasen en la prensa.
El diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha dicho que «en ningún momento pone en duda el prestigio» de la Abogacía y ha resaltado que tampoco entiende que se filtrasen a los medios las notas, descartando que haya sido el PP quien lo hiciera.
Desde Unidas Podemos, la portavoz adjunta de la formación en el Parlament, Esperança Sans, ha resaltado que el origen de todo este asunto «ha quedado más que explicado» y que «está regulada esta vertiente informal» de la Abogacía para responder a consultas.
Por su parte, el diputado de Cs Jesús Méndez ha insistido en la «prescindibilidad de la ley» y ha preguntado a Aguiló si ve «conveniente mezclar» cuestiones como medioambiente y reserva de la biosfera con competencias en una misma norma.
La diputada de Vox-Actúa Baleares Idoia Ribas ha expuesto que «por motivos de fondo político» desde su formación no aceptan esta norma ni comparten la visión de futuro que da para Menorca. A su juicio, esta proposición de ley «excede la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Baleares». Además, ha considerado que Aguiló «ha actuado de forma imparcial».
Desde El PI-Proposta per les Illes Balears, la diputada Maria Antònia Sureda ha mostrado su postura en contra a la normativa, sobre la cual ha dicho que «tiene buena intencionalidad pero poca concreción». Entre otras cuestiones, ha preguntado los motivos por los que la Conselleria de Presidencia realizó la consulta a la Abogacía.
El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha considerado «sorprendente» que se pidiera en un solo día la opinión de la Abogacía sobre una proposición de ley y ha tildado como «preocupante» que las notas jurídicas se basasen en un documento que no era la ultima versión. De acuerdo con Castells, «si hay que estirar del hilo», el responsable de que las notas se filtrasen a la prensa es la persona a quién le envió las mismas la Abogacía.
1 comentario
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Ja se sent la mà negre q es vol carregar la Reserva de la Biosfera i aquesta mà negre viu a Mallorca.