No hubo ninguna abstención, lo que significa que a nadie deja indiferente. Así se reflejó en el debate, en el que sobrevolaron, a veces con alusiones directas, las dudas jurídicas plasmadas en el informe elaborado por encargo del Govern. Salvo milagros en la tramitación parlamentaria, será una ley que ahonde más la división entre gobierno y oposición.
Josep Castells, de Més per Menorca, realizó la defensa más entusiasta, «esta ley será un referente para el Estado y para el resto de reservas de biosfera, un laboratorio para analizar los problemas que amenazan hoy a la humanidad», destacó.
La idea de laboratorio la había traído a colación el conseller menorquín Josep Juaneda en la defensa inicial de la proposición recordando a Josep Miquel Vidal Hernández, uno de los impulsores de la declaración de la Unesco. «Es una ley que va más allá de la simple gestión mediambiental», había dicho.
Damià Borràs dirigió su mensaje contra el PP, a quien recordó en dos ocasiones la moción de censura que le llevó al poder en el Consell en 1991, alertando del papel de este grupo en la tramitación de la ley, «por sus enmiendas les conoceréis», les dijo.
En todos los grupos con representantes menorquines, el portavoz este martes fue menorquín.
Sin consenso
La proposición de ley llega desde el Consell pero sin consenso, un detalle destacado por los portavoces de la oposición, particularmente aquellos en los que no hay representación menorquina. Esa falta de consenso le resta fuerza y alentó las críticas del centro derecha.
Josep Meliá, del Pi, dijo compartir muchos principios subjetivos del texto, «pero no aceptamos el pensamiento único, ese ‘estamos con esta ley o estamos en contra'», señaló en alusión al planteamiento con el que se lleva el texto a la cámara. «Hay muchos matices».
En su opinión no avanza en los grandes retos de la desestacionalización menorquina, abusa de la prohibición sin la alternativa de los incentivos. «Qué medidas propone para la industrialización. Ninguna. Se carga el sistema de la ecotasa, hace una ruptura innecesaria del marco regulatorio de la Comunidad», denunció.
Juan Manuel Lafuente, portavoz del PP, matizó la apropiación de la izquierda del crecimiento sostenible, «es un modelo que tiene el consenso de la sociedad menorquina». Recordó asimismo que fue el PP quien propuso la declaración de reserva de biosfera y reclamó una gestión coherente con el marco jurídico de la reserva. «El campo se vende, la pared seca desparece entre la maleza y aquí discutimos por crear nuevos organismos y sancionar a quien no ponga una barrera de ullastre», añadió. «Se pelea por los titulares pero los grandes problemas se eternizan», dijo en alusión a la crisis del equipo de gobierno a resultas de esta ley.
Idoia Ribas, de Vox, criticó la demonización que se hace del empresariado y el enjambre legislativo que crea la izquierda, a la que acusó de crear «nuevas normas que imposibilitan la supervivencia del campo», apuntó.
3 comentarios
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¿Legalidad? ¡¡Qué más les da a estos socialcomunistas la Legalidad!! Si ya lo hemos visto con la flagrante inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional respecto de los Estados de Alarma decretados por el gobierno de "Antonio" Sanchez durante la pandemia. La Legalidad es simplemente lo que a ellos les convenga en cada momento y en cada situación. Y ya está.
Hay que dejar de votar, A TODOS, se hacen legales con nuestros votos, y solo les mueve su interés personal. Dejemos de ir a votar, entonces perderan su poder sobre el PUEBLO.
Consecuencia práctica a nivel de súbdito sometido : colocar las barreras que no sean de ullastre, con oxido y todo de la varilla soldada y fotografiar con testigo de fecha, dado el precio prohibitivo de las barreras de toda la vida y el impuesto que las grava y que encima las roban para colocarlas luego en chalets turísticos de lujo. Esto para citar lo más sencillo con lo que puedan aguijonearme.. Pero a la vez apuntarme para cobrar como profesor en los cursillos públicos subvencionados para confeccionar barreras de ullastre y facilitar así el cumplimiento popular de uno de los objetivos de esa futura ley, antes de que la tumben desde el Constitucional.