La primera mantiene un control férreo sobre la causa, que abrió en abril de 2020 y de la que apenas se ha levantado el secreto de una pieza, relativa a la adjudicación de amarres en Menorca, y de otra derivada por un supuesto chivatazo sobre la investigación. Este viernes prorrogó un mes más el secreto que pesa sobre el resto de las actuaciones. Sobre el celo de la magistrada dan fe varios escritos, inusuales, en los que exigía absoluto sigilo a las partes. En la última prórroga justifica que levantar el velo ahora mismo impediría saber qué paso en varias adjudicaciones. Está a la espera del resultado de varias peticiones de información a otros países. El mismo día que dictaba la prórroga, la Guardia Civil entregó el informe definitivo sobre la pieza 3. Se augura una nueva entrega en unas semanas.
El caso estalló de forma precipitada en julio de 2020 con la detención de la cúpula de la Autoritat Portuària de Balears, con su entonces presidente, Joan Gual de Torrella, al frente. Durante dos días, la jueza, la fiscal Laura Pellón, y agentes de la Guardia Civil registraron a fondo las sedes del organismo. La operación se llevó a cabo antes de tiempo después de que un pinchazo telefónico alertara a los investigadores de que alguien podía haber avisado a los investigados. De ahí salieron cajas y cajas de documentación, más de 100.000 folios, un tera y pico de datos y más de medio millón de mensajes de WhatsApp. El análisis de esa documentación ingente es lo que justificaría la duración de la investigación y la jueza argumenta el secreto en la posibilidad de que haya otros posibles investigados que oculten pruebas. Hasta ahora esa justificación ha sido avalada por la Audiencia Provincial que ha desestimado más de seis recursos interpuestos por las defensas contra el secreto. Pero el efecto del sigilo prolongado está siendo el ya conocido de otras causas: tensar mucho con más de media docena de imputados que no saben exactamente por qué se les investiga, aunque lo intuyan y que ya afrontan las consecuencias negativas de una causa penal.
Con todo, los principales investigados ya tuvieron ocasión de ponerse delante de la instructora. Fue en octubre por la pieza de Maó. Se investiga si fueron presiones políticas menorquinas las que decantaron la adjudicación de un centenar de amarres. El levantamiento del secreto provocó un susto que duró unos días: por un error aparecía como investigado el exconseller Marc Pons Pons. En realidad era un empresario llamado Marc Pons Pérez. Los políticos, por el momento, no llegan más allá de alguna de las conversaciones entre Gual y la presidenta Francina Armengol, hasta ahora inocuas.
En la ronda de declaraciones hubo una de especial tensión: el interrogatorio de la magistrada a la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll. Ambas se enzarzaron en una discusión sobre derecho administrativo. Fue un interrogatorio duro: buena parte del caso se articula gracias a la lucha interna en la Abogacía y las diferencias de criterio entre Ripoll y uno de los abogados, Enrique Braquehais. El choque entre ambos en el consejo de administración de la APB es el que propulsa las sospechas en torno a la adjudicación de Maó. En la ronda de declaraciones quedó otra cosa más o menos clara: nadie en la APB se llevaba particularmente bien con Gual de Torrella. Incluso esta pieza permanece aletargada a la espera de un informe encargado por la magistrada a la Intervención General del Estado para que dictamine sobre la legalidad del proceso de contratación.
El resto de piezas del caso sigue en investigación secreta. La Fiscalía Anticorrupción certificaba en una de sus memorias que son al menos cinco las piezas. Con seguridad una de ellas aborda adjudicaciones de amarres en Eivissa y otra la concesión de Formentera. Ambas han pasado por otras instancias judiciales: la primera por Contencioso y la segunda por Social con dudas sobre la legalidad de los procesos. El resto sigue pendiente de que termine la investigación secreta y el caso zarpe de una vez.
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