«No llegamos a todo», declaró Maite Pons, en cuyo departamento trabajan una auxiliar administrativa, un arquitecto y un arquitecto técnico, «nos comprometemos a dar todo el apoyo a los afectados, pero somos un ayuntamiento pequeño», asegura la edil.
Por ese motivo el Consistorio ha dirigido una carta al Govern en la que solicita ayuda técnica. Requiere del Ejecutivo autonómico profesionales que puedan acelerar el análisis de los daños sufridos por la riada en el patrimonio público y que colaboren, tanto en la redacción de proyectos como en la tramitación de licencias, ya que algunas reparaciones que deben realizar los ciudadanos necesitan permisos municipales. Para llevar todo ese trabajo extraordinario adelante, que igual que hizo el torrente ha inundado los despachos del Ayuntamiento, «estamos dejando pendientes otras cosas que también son importantes», afirma la responsable de Urbanismo.
Sobre las pérdidas económicas provocadas por las inundaciones, Pons afirma que es pronto para saberlo y «será difícil llegar a calcularlo en total, hay muchos particulares afectados, faltan numerosos procesos de peritaje y también contratar las reparaciones, no sabemos una cifra o cuantía, hoy (este martes) todavía estamos limpiando las calles». La declaración de zona de emergencia fue aprobada el mismo día de las lluvias torrenciales, el martes 21, por el Consejo de Ministros, pero el Ayuntamiento tuvo conocimiento de ello unos días después, el viernes, como reconoció la alcaldesa, quien en un primer momento veía difícil que prosperara una declaración de zona catastrófica.
Lo cierto es que al notificarse al 112, a las 13 horas del martes, la complicada situación que vivía la población, la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad decretó el Índice de Gravedad (IG)1 del Plan Especial de Fenómenos Meteorológicos Adversos, y se lo notificó a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior, como confirmó ayer la consellera del área, Mercedes Garrido, en el Parlament.
Este decreto de IG1 activa a todos los cuerpos de emergencias y posibilita la petición de ayudas al Gobierno central. Pero el plazo para reclamarlas es de un mes, y ahora el Ayuntamiento de Ferreries trabaja contrarreloj para no perder la oportunidad de ver paliados los efectos destructivos de la gota fría.
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