La aprobación del IMV en junio hizo que la renta mínima, que gestionaba el Consell pero dependía del Govern, desapareciera. Las personas que la tenían concedida por espacio máximo de un año la siguen percibiendo en su tránsito hacia el IMV o la Resoga, pero desde entonces no se pueden cursar solicitudes nuevas. En noviembre eran perceptores de la renta mínima gestionada por el Consell 34 familias, cuando en abril eran 63. «Desde su creación, intentamos que todo el mundo acceda a la Resoga», explica Torrent, puesto que, entre otras cosas, no tiene limitación temporal mientras se cumplan los requisitos establecidos.
No tener aprobado ni denegado el IMV deja a las familias necesitadas, que en un contexto de crisis han ido al alza, en una situación complicada, puesto que no pueden optar a ningún tipo de renta de este tipo. Esta circunstancia se ha traducido en un aumento de la presión sobre los servicios sociales municipales, más aún cuando el porcentaje de peticiones del IMV respondidas es todavía muy bajo. Torrent comenta que, como consecuencia de esto, en los últimos meses han aumentado las ayudas de emergencia que tramitan los consistorios con fondos aportados por el Consell para atender necesidades concretas y las personas derivadas a los bancos de alimentos.
Ante esta situación, la Conselleria de Bienestar Social inició la elaboración de una renta propia del Consell, una iniciativa inédita en Balears. Para ello, los presupuestos de 2021 ya reservan una partida de 500.000 euros. Uno de los principales factores que se están evaluando es que esta renta sea compatible con la percepción posterior del IMV y la Resoga, es decir, que una eventual aprobación posterior del IMV solicitado (es retroactivo) no conlleve la devolución de las cantidades percibidas a través de esta nueva ayuda en ciernes. «Tenemos que ir con cuidado», afirma la consellera. Al tratarse de personas con serias dificultades económicas, está reclamación podría acabar conllevando un severo problema.
Los requisitos de la prestación serían, básicamente, los mismos que existían para la percepción de la renta mínima, que suponía un ingreso mensual para los beneficiarios de al menos 426 euros, en función del número de miembros de la familia. «La nueva prestación sería una manera de recuperar la inmediatez que tenía la renta mínima a la hora de concederse», comenta Torrent, una agilidad que hace poco no tenían las otras prestaciones vigentes. Se plantea como una medida transitoria hasta que se normalice el ritmo de las respuestas a las solicitudes del IMV, ahora inmerso en un importante atasco.
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