Los cinco retos de Menorca para 2020

1 Más energía renovable y nuevo cable eléctrico

La central eléctrica del puerto de Maó debe producir desde ayer energía con un 75 por ciento menos de emisiones de óxido de nitrógeno. Es solo un pequeño avance logrado a través de la inyección de agua desmineralizada procedente de la depuradora Maó-Es Castell. Con esta medida se cumplen los estándares requeridos por la legislación europea y estatal en materia de emisiones industriales. En previsión está la transformación al gas de tres turbinas alimentadas actualmente con gasóleo y la consiguien reducción de emisiones de CO2.

Es uno de los objetivos incluidos en la Estrategia Menorca 2030 para impulsar la descarbonización energética de la Isla. A ello contribuirá también el nuevo cable eléctrico con Mallorca, cuya entrada en servicio se ha anunciado para el verano, que permitirá reducir la producción y, por tanto, la contaminación de la central de Maó.

Este año se han presupuestado 2,1 millones de Consell y ayuntamientos en inversiones relacionadas directamente con el cambio de modelo energético. Uno de los proyectos más relevantes es el del parque eólico de Milà, al que se dotará de menos molinos y más potencia, además de una instalación fotovoltaica y, más adelante, una de biogás.

Otro de los proyectos de envergadura es el parque de Son Salomó, trabado por la oposición de la sociedad Martí i Bella, que ha motivado su demora hasta el próximo año. La promotora Ceconat, que ha obtenido siete millones de euros de subvención, ha de lograr producir los 50 megavatios previstos sin ampliar una superficie reducida ya previamente a 102 hectáreas.

2 La revisión del PTI acumula seis años de demora

El planeamiento insular de 2003 debió ser revisado diez años después, en 2014 fue parcheado a través de la Norma Territorial Insular y en el pasado mandato se afrontó la redacción de un nuevo documento. Hubo prisas para aprobarlo antes de las elecciones de mayo y finalmente se optó por no correr para ser aprobado con todas las garantías de participación y voluntad de consensuar las propuestas realizadas por patronales, profesionales y entidades sociales.

Constituida la nueva corporación y dada la trascendencia del documento sobre la ordenación territorial y la economía insular, el nuevo plazo fija su aprobación antes del verano. El uso del suelo rústico, donde la oferta turística se ha disparado en la última década y la regulación del alquiler turístico son dos puntos clave.

3 Reserva de biosfera, una ley necesaria

Jeroni Galmés, biólogo de la Universidad balear, convirtió su pregón institucional de Sant Antoni de 2018 en un documentado rapapolvo a las autoridades insulares y autonómicas reunidas en el salón de plenos del Consell. Se cumplían los 25 años de la declaración de la reserva y en todo ese tiempo ni siquiera se había creado un marco legal de desarrollo.

Doce meses después se trabaja en un proyecto de ley específico que ha de ser aprobado por el Parlament balear. Su contenido es una apuesta por la sostenibilidad gestionada desde el Consell, que habrá de asumir las competencias autonómicas referidas al agua, los aprovechamientos forestales y espacios naturales protegidos. Incluye también 450.000 hectáreas de zona marina, ampliación aprobada por la Unesco en junio del año pasado a propuesta del propio Consell.

La presidenta Susana Mora habló de cinco millones anuales de dotación para desarrollar la ley, fondos que han de provenir de las cuentas autonómicas.

4 Expediente definitivo de la Menorca Talayótica

La declaración de Menorca Talayótica Patrimonio de la Humanidad por la Unesco no llegará antes de 2022. Ese es el año en el que volverá a ser debatida la candidatura menorquina y con esa previsión se ha trabajado en un nuevo expediente atendiendo las sugerencias del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos).

Para llegar a ese objetivo, el expediente ha de estar listo y presentado en abril al Consejo del Patrimonio Histórico Nacional, que será el primero en decidir si la candidatura menorquina es la elegida para ser presentada a la Unesco. Más de 50 personas han trabajado en la elaboración del expediente y 15 expertos internacionales participaron en mayo en un encuentro con fin de orientar los trabajos del expediente y determinar si la candidatura va bien encaminada.

5 Carretera, una cuestión de estado

Si la previsión de que haya Gobierno la próxima semana se cumple, la nueva addenda para la financiación de la carretera general podrá ser aprobada en los próximos meses y despejar así obstáculos y excusas para llevar a cabo una reforma que debía estar acabada en 2018 y que a estas alturas solo tienen finalizado el tramo Ferreries-Ciutadella.

Lo que transportistas y conductores en general esperan es una decisión, que califican de cuestión de estado, para que puedan reanudarse las obras en el tramo Maó-Alaior. Hay proyecto para ello, aunque no ha sido presentado. El tramo Alaior-Ferreries ni siquiera lo tiene y, vistos los antecedentes y los kilómetros de trazado, existen pocas opciones de que vaya a acometerse en los póximos tres años.