El director de Endesa en Balears, Martí Ribas, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, y la presidenta del Consell, Susana Mora han presentado este sábado el proyecto para la central | Javier Coll

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El Ministerio para la Transición Ecológica ya tiene sobre la mesa el proyecto de Endesa para que la central de Maó pase a funcionar mayoritariamente con gas natural. Los trabajos para hacer posible la eliminación del fueloil de los procesos de combustión y reducir a poco más del cinco por ciento el uso de gasoil requieren de una inversión inicial de 26,7 millones de euros y la cadena logística para hacer llegar el gas desde la Península tendrá un coste anual de 12,8 millones, lo que permitirá un ahorro de 9,5 millones de euros a partir de 2021, la fecha en la que se prevé que pueda ser una realidad.

La actuación incluye la adecuación de unos terrenos propiedad de Autoridad Portuaria de Balears de 22.500 metros cuadrados a unos 600 metros del muelle del Cós Nou donde se ubicarán los tanques de almacenamiento del gas natural licuado, los vaporizadoras para regasificar el combustible y el gaseoducto para hacerlo llegar a las tres turbinas que funcionarán con este combustible. El resto de grupos de generación abandonan el fueloil y pasarán a funcionar con el gasolil que llegará con barcos, aunque de una forma residual, ya que quedarán como grupos de emergencia.

Más del 94 por ciento de las necesidades de abastecimiento de la central de Maó serán cubiertas con gas natural, lo que permitirá reducir drásticamente las emisiones. Según los cálculos hechos por la compañía eléctrica, la emisión a la atmósfera de óxidos de nitrógeno (NOx) bajará un 87 por ciento, las de azufres (SO2), un 90 por ciento, las de partículas un 72 por ciento y las de dióxido de carbono (CO2) un 26 por ciento.

Según han informado este sábado el director de Endesa en Balears, Martí Ribas, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, y la presidenta del Consell, Susana Mora; el Ministerio para la Transición Ecológica está terminando de analizar técnicamente la propuesta de la empresa, pero ve con buenos ojos un proyecto que tendría un plazo de ejecución de 18 meses que requiere de la autorización del Gobierno, quien deberá sufragar la inversión.