En concreto el informe de Secretaría señala que, al basarse únicamente en el criterio de antigüedad, la ordenanza «no respeta el régimen de concurrencia competitiva» y concede prioridad a unos ambulantes frente a otros, según la antigüedad de la petición «y con ello en opinión de quien suscribe no se garantiza la imparcialidad», asegura el texto de Secretaría, que el equipo de gobierno ha contrarrestado con un informe jurídico que es el segundo que acompaña a esta modificación.
La ordenanza debía adaptarse a las leyes de comercio estatal y autonómica porque data de 2008 y dicha adecuación ya acumula retraso, argumentó el concejal Héctor Pons, quien asumió la defensa de este punto pese a que la Concejalía de Ferias y Mercados corresponde a la edil Guillermina Moll. Entre otros cambios se incorporan a la regulación los nuevos mercados (mercat de nit, artesanal y el agrario Agro Maó), que se suman a los de la plaza Explanada y parque Rochina cuyo número de paradas se actualizan. También se introducen modificaciones en los permisos, que serán de un año y solo se ampliarán hasta los cuatro cuando se realicen mejoras como el cambio de toldo en la parada «para poder amortizar la inversión», explicó Pons. Los portavoces del PP y C's, Salvador Botella y Andrés Spitzer respectivamente, consideraron precipitada la aprobación de la ordenanza, que consideran plagada de deficiencias, y alertan de que se puede generar inseguridad jurísica. El equipo de gobierno alegó que el texto de la norma se mejorará en el periodo de alegaciones.
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