Vista interior de la planta desaladora de Ciutadella, oficialmente a punto para entrar en funcionamiento

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La desaladora de Ciutadella es el único proyecto menorquín que aparece en un documentado informe sobre el despilfarro público elaborado por la Asociación de Geógrafos Españoles. La Administración central ha invertido 55,2 millones de euros, todavía no ha entrado en funcionamiento y constituye uno de los ejemplos que destacan por ineficiencia en el capítulo de proyectos relacionados con el agua.

Hasta ahora se había hablado de 31 millones y era señalado como el proyecto de gestión más vergonzoso por parte de la Administración en Menorca. Los sucesivos equipos en los distintos niveles, municipal, autonómico y central, de uno y otro color político, han sido incapaces de culminar un proyecto que echó a andar en la pasada década.

Ejecutada la obra por el Ministerio de Medio Ambiente, ha sido traspasada a la Comunidad Autónoma durante este mandato. El mantenimiento, aun fuera de uso, implica un gasto mensual de 12.000 euros. Tras un tenso tira y afloja entre la Agencia Balear del Agua y el Ayuntamiento de Ciutadella, hace ya casi un año se acordó el precio, un euro por metro cúbico, que pagará el Ayuntamiento a cambio de que el consumo sea como mínimo de 950 metros cúbicos anuales de agua producida por la desaladora. Ese acuerdo implica un gasto municipal anual aproximado de un millón de euros.

El informe de los geógrafos, exhaustivo y detallado, no incorpora ninguna referencia específica salvo los números citados al principio. Forma parte de la red de quince desaladoras en la costa mediterránea, planteada como alternativa a la derogación del trasvase del Ebro.

Entre 2004 y 2011, el Ministerio de Medio Ambiente fue elevando al alza la inversión inicial contemplada, pasó de 721 millones de euros a 1.337, «un 85,4 por ciento de sobrecoste en la fase redacción de los proyectos».

Doce de quince

Del plan ministerial, se han ejecutado doce de las quince desaladoras con un sobrecoste total sobre la inversión inicial prevista del 128 por ciento (de 721 a 1.644 millones), según datos contrastados por el Tribunal de Cuentas.

El informe de los geógrafos distribuye estas obras por sobrecostes, gestión fraudulenta e ineficiencia, capítulo en el que aparece la desaladora de Ciutadella. La falta de demanda de la población y la falta de culminación de las infraestructuras de conducción del agua hasta los depósitos de distribución agravan la calificación de ineficiencia.