El alcalde de Es Migjorn, Pere Moll, y el portavoz del PP, Ramón Verdú. | Josep Bagur Gomila

TW
11

El PP de Es Migjorn ha presentado recurso de apelación contra el archivo del procedimiento abierto en febrero contra el alcalde del municipio, Pere Moll, y la exconcejal Elena Baquero al entender que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ciutadella tomó la decisión «sin acordar la realización de ninguna de las diligencias que se solicitaban en la querella, ni cualquier otra diligencia de investigación a excepción de la declaración de los imputados», según figura en el escrito del recurso.

En la querella interpuesta por presuntas irregularidades en la concesión de licencias y en las obras de reforma de 82 apartamentos en Sant Tomàs (se concedieron a la empresa del marido de Baquero), el PP reclamaba, entre otras diligencias, la remisión de los correspondientes expedientes administrativos y testificales –entre otros– del policía local a quien (según explican en el escrito) Moll requirió no informar sobre las obras que se estaban realizando, además de la declaración del querellante, Ramón Verdú.

Sin embargo, denuncian que la jueza «no ha acordado el archivo por entender razonadamente que la conducta o los hechos imputados carecen de ilicitud penal, sino que entiende que no hay indicios racionales de delito, sin realizar diligencia ninguna».

Vulneración

Los populares defienden que esa decisión supone «una rotunda negación» del derecho de acción penal y del control jurisdiccional, además de una «vulneración» del derecho a la tutela judicial efectiva presente en la Constitución, por cuanto no se han realizado las diligencias de investigación propuestas por el denunciante.

La jueza no ve indicios penales que fundamenten la acusación de prevaricación administrativa para Pere Moll, ni la de tráfico de influencias en el caso de Elena Baquero, sin embargo desde el PP recuerdan que el Ministerio Fiscal sí que vio indicios racionales de delito.