El Consell pide a los alcaldes que unifiquen las reglas para el alquiler turístico

La Ley Turística establece que los ayuntamientos tienen la potestad de crear sus propias reglas del juego y marcar criterios más restrictivos que los que establezca el Consell. Sin embargo el ente insular quiere evitarlo «consensuando una propuesta, unos criterios generales en los que todos –administraciones, partidos políticos y sector– podamos encontrarnos cómodos».

El objetivo es que los ayuntamientos respeten esa reglamentación insular que desde el Consell ven necesario, al entender que dando uso turístico a edificios construidos para un fin residencial se produce un cambio de modelo territorial que tiene una afectación sobre el global del territorio: «Esos turistas consumen agua de los acuíferos y usan infraestructuras insulares», advirtió Mora, quien también entendió que no puede ser que se creen reglas distintas entre municipios y que haya ciudadanos que, en las mismas condiciones, no tengan la misma posibilidad de acceso a la actividad turística.

Desde el Consell son conscientes de las muy distintas realidades que hay entre los municipios de la Isla y del caso diferencial de Maó y sobre todo Ciutadella, donde la problemática con el alquiler turístico es mayor. Sin embargo, creen que eso no es óbice para que se alcance un acuerdo: «Convergemos en que se tienen que marcar unas lineas marco a partir de un consenso con todos».

Para cerrarlo se han dado de plazo hasta Navidad y con ese objetivo han preparado un calendario de reuniones con los ayuntamientos. La primera cita, el día 14, coincidiendo con la junta de alcaldes. La siguiente, la semana antes de Fiestas, cuando ya se tendría que perfilar definitivamente la propuesta, que no dará tiempo de aprobar por pleno antes de final de año: «Nuestra intención es aprobar la zonificación en enero», explicó la presidenta, aunque no será el último paso antes de que entre en vigor y se pueda levantar la moratoria que impide dar nuevas licencias de actividad.

Moratoria

Una vez aprobado el documento, previsiblemente en enero, se abrirá un periodo de exposición pública de 30 días hábiles –ese es el momento en que en teoría los municipios podrían reclamar la introducción de sus peculiaridades–. Terminado ese proceso –entre febrero y marzo– se aprobaría definitivamente la zonificación.