La administración es lenta por el exceso de normas

Otra coincidencia entre la mayoría de ponentes es reclamar un acuerdo político para reducir los trámites y mejorar la eficacia de las administración.

Hablamos de economía

El presidente del comité organizador del Foro Menorca Illa del Rei, Francisco Tutzó, en su presentación puso sobre la mesa dos realidades: la poca agilidad de las administraciones y el papel de la sociedad civil. Compartió la preocupación de varios autores, cuando se preguntó si «¿estamos a la altura de nuestros antepasadas?». Insistió en la importancia del capital humano «para un desarrollo sostenible no basado solo en el turismo». Dijo que «no podemos exportar universitarios e importar mano de obra barata».

El Foro, que moderó Josep Pons Fraga, editor de «Es Diari», al final se centró sobre economía y turismo, y de forma colateral sobre el papel de las administraciones. Se constató la necesidad de definir una estrategia para una apuesta decidida por el turismo de calidad, abandonando la demanda de low cost. Muchos de los proyectos que ya se impulsan en Menorca persiguen este objetivo y son los que más se quejan por la burocracia y lentitud de las administraciones.

El economista Gay de Liébana fue el ponente que más incidió en la falta de dinamismo de la sociedad menorquina, que él considera imprescindible para no quedar estancados. Sin embargo, Gonzalo Adán defendió una forma de hacer las cosas en Menorca, tranquila, dijo, que es fruto de muchas generaciones y que diferencia esta isla del resto. Es la esencia local que es un valor del que no puede prescindir, para llegar a plantear que la idea de progreso tiene que estar más supeditada al objetivo de felicidad.

Laurent Morel dijo comprender los mecanismos de defensa para no perder la identidad menorquina, al tiempo que defendió el cambio de modelo turístico a favor del visitante de más poder adquisitivo. Menos gente para un modelo más sostenible. Quiso hablar en positivo de su experiencia con las administraciones público, pesa a apuntar que ya lleva redactados cinco proyectos sobre la reconversión de las baterías de Llucalari en una zona residencial de lujo. Su reclamación de que las normas no sean interpretables para garantizar la más mínima seguridad jurídica, fue matizada por Agustín Estela, quien dijo que «todas las normas son interpretables por eso los tribunales emiten sentencias sobre el mismo caso totalmente contradictorias, en todas las instancias». El arquitecto Antonio Vivó insistió en que «no nos cambien las reglas de juego continuamente». Y reclamó un consenso político para unas normas que han de durar 15 años.