Es una de las peticiones de la iniciativa que el grupo socialista ha llevado al debate de la Comisión de Justicia del Senado, y que ha defendido el senador balear y expresidente de la comunidad, Francesc Antich.
La propuesta ha salido adelante por unanimidad gracias a la enmienda transaccional que han acordado todos los grupos presentes, por la que se insta al Gobierno a que resuelva primero el contrato de alquiler del Palau Can Saura Miret, y una vez acabado el trámite, a que busque una nueva ubicación de los juzgados tras consenso con el Ayuntamiento.
El consistorio, a su vez, previamente, se encargará de los trámites oportunos para «poder dotar de unas mejores instalaciones a estos juzgados en el menor plazo de tiempo posible».
Durante su intervención, el propio Antich ha explicado que su grupo finalmente apoyará la enmienda transaccional debido a la reunión que tuvo lugar ayer entre el Ayuntamiento de Ciutadella y el Ministerio de Justicia.
La reunión sirvió para resolver el contrato del Can Saura Miret, primer paso para dar un nuevo emplazamiento a los juzgados de la ciudad menorquina.
Precisamente Can Saura iba a ser la sede de los juzgados, ya que así lo determinó el anterior equipo de gobierno de Ciutadella, pero la oposición se negó, y junto a ella, «una parte importante del mundo cultural» de la isla.
Según ha recordado Antich, la reacción de representantes de este ámbito obedeció a que la restauración de Can Saura Miret tenía como fin dar a la isla una nueva sede cultural.
Las elecciones locales de 2015 situaron en el Ayuntamiento a un nuevo equipo de gobierno en desacuerdo con el uso prefijado para el Palau, por lo que pidieron reiteradamente al Ministerio de Justicia que resolviera ese contrato y lo echara atrás.
Al mismo tiempo, el Ministerio, el Ayuntamiento y el propio Govern balear estudiaron la posibilidad de trasladar los juzgados a la antigua estación portuaria, pero el emplazamiento no convencía a Justicia.
Antich, en su relato, ha destacado que en el plan General de Ciutadella figuran unos terrenos calificados y ya expropiados en los que el Ministerio podría edificar la nueva sede judicial. «Ésta parece una buena solución, ya que así lo tenía programado el Ayuntamiento desde la aprobación de la normativa urbanística», ha incidido Antich.
El PP, en la sesión de la Comisión, ha expresado que comparte la rescisión de ese contrato para el nuevo uso de Can Saura, pues «no tiene sentido instalar los juzgados en un sitio que el Ayuntamiento no quiere».
Juana Francisca Pons, en esta línea, ha abogado por una solución consensuada por las administraciones en liza, de manera que el consistorio asuma la gestión de los trámites oportunos y proceda a la ubicación adecuada «con todos los beneplácitos urbanísticos posibles».
Pero ha pedido que lo haga ya, cuanto antes, dado el tiempo que se ha perdido.
A su juicio, lo importante es que «los juzgados estén en buenas condiciones y que la inversión se lleve a cabo lo más rápidamente posible», de modo que el emplazamiento entraña una relevancia menor, sea o no en la zona de Santa Rita.
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