El decano de Ciutadella cree descabellado llevar otro juzgado al edificio de Correos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 sufre evidentes carencias de espacio y condiciones indignas para desarrollar su trabajo. Además es el que atiende los casos relacionados con la violencia contra las mujeres, lo que implica mayor actividad, y en el edificio donde ahora se ubica el Juzgado de lo Social no cabe, equivaldría -dicen otras fuentes- a crear dos problemas en vez de solucionar uno.

Del resto de ubicaciones que el Ayuntamiento propone -los terrenos de Santa Rita y una antigua fábrica de calzado- para resolver el déficit de espacio que sufre el citado juzgado no se pronuncia el juez decano porque, asegura, «no me corresponde, cuando el Ministerio nos comunique algo ya daremos nuestra opinión». La plantilla judicial reclama condiciones adecuadas en el que desenvolverse porque ello repercute en un mejor funcionamiento de esta administración, pero entiende que las decisiones sobre la ubicación y las inversiones necesarias para ello corresponden a los órganos políticos.

Gasto

El ir y venir de las decisiones, la inestabilidad de esos acuerdos políticos, provocan gasto superfluo, cansan al Ministerio y ahuyentan la inversión necesaria. El último, el alquiler de Can Saura, ha motivado la realización «no de uno sino dos proyectos arquitectónicos de adaptación del edificio al uso», encargo en el que se ha gastado dinero público y que al final ha quedado en agua de borrajas, denuncian fuentes judiciales.

Una voz experimentada y conocedora de la situación de la justicia menorquina en las tres últimas décadas recuerda que se logró la creación de los juzgados de lo Penal y de lo Social y que Ciutadella jugó bien sus cartas para lograr la sede del segundo, a pesar de que inicialmente se habían adscrito ambos a la demarcación de Maó. «Ciutadella se movió bien políticamente y además acompañó su reivindicación de un local, del que no se ha movido ese juzgado», recuerda. Cita además que el Ministerio suele trabajar con parámetros objetivos en cuanto a distancias y volumen de población y litigios, por encima de los criterios políticos inestables.