Los presos del Centro Penitenciario de Menorca se encuentran en este limbo competencial en asistencia sanitaria. | Archivo

TW
11

La atención sanitaria de los reclusos de Balears es también prisionera, en su caso, de las competencias. La inexistencia de un acuerdo entre Instituciones Penitenciarias y la Comunidad Autónoma, tal como marca la ley, que garantice una atención médico-sanitaria equivalente a la que se dispensa al conjunto de la población, deja en el limbo la correcta atención a este colectivo.La situación deja, por tanto, al arbitrio del Gobierno de turno la decisión de dispensar o no los tratamientos que cada preso requiere.

Los en torno a 60 reclusos que ocupan el Centro Penitenciario de Menorca (según los últimos datos oficiales de marzo) viven en este vacío competencial desde que se inauguró la prisión en julio de 2011.

Esta situación ha derivado en que Instituciones Penitenciarias adeude actualmente al Govern facturas por valor de 1,2 millones de euros en concepto de la asistencia que ha prestado el Servei de Salut de Balears a las personas presas del conjunto del Archipiélago.

El retraso se remonta a 2009 y acumula facturas de los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. El motivo del impago es la «no conformidad» de Instituciones Penitenciarias de tener que asumir el coste de la asistencia a los internos asegurados en el Sistema Nacional de Salud.

Tampoco acepta aquellas facturas que se hayan emitido con carácter mensual y de forma global puesto que «el Estado exige a Salud facturas individuales a nombre de cada paciente». Ni tan siguiera accede a abonar el coste de la atención a pacientes que no fueran internos del Centro Penitenciario en la fecha en que se prestó la asistencia.

Así lo asegura la consellera Patricia Gómez, en una pregunta parlamentaria formulada por la diputada de Podemos por Menorca, Montse Seijas. Y es que, a día de hoy, al no existir convenio, la asistencia que se ofrece desde el Servei de Salut a los internos se factura al Estado al igual que se hace con la atención a extranjeros.

Podemos ha efectuado una batería de preguntas ante su «preocupación» y «temor» de que a este sector se les prive el acceso a una sanidad en las mismas condiciones que al resto de ciudadanos. Emitirá un informe para presionar y lograr un acuerdo entre Govern y Ministerio de Interior que garantice el servicio.

Ha presentado además, una moción para la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. Seijas no duda de que se les asista correctamente desde el Servei de Salut, pero esta falta de convenio «deja al arbitrio de quienes gobiernan que quieran o no hacerlo bien».

Y el contencioso administrativo que interpuso Instituciones Penitenciarias para no tener que pagar el coste del tratamiento para la Hepatitis C es un ejemplo de ello. Esta «situación irregular» puede derivar en que no se respeten los derechos. Además, indica que con un acuerdo «habría la obligación de prestar la asistencia», ahora se ofrece «pero sin estar obligados a hacerlo».

Lea la noticia completa en la edición impresa del 18 de septiembre en Kiosko y Más