La alcaldesa Misericordia Sugrañes | Javier Coll

TW
3

El PP de Alaior se ha sumado a las tesis de los partidos de izquierda que hace años que critican la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, aprobado por el Partido Popular, al considerar que maniata a las corporaciones locales.

El grupo popular, según informa el Ayuntamiento de Alaior a través de una nota de prensa, ha presentado una moción en el próximo pleno del 28 de julio, en el que se pide «al futuro Gobierno» que modifique dicha ley para «aliviar las exigencias de control de gasto que atenazan y perjudican a los ayuntamientos cumplidores».

El PP de Alaior carga contra algunos «puntos flacos» e «incoherencias flagrantes» de la ley, como la regla de gasto. Pone como ejemplo la obligación de que los ayuntamientos no puedan destinar a inversiones parte del superávit, y que lo tengan que destinar a «enjuagar deuda».

También lamenta que la ley condicione el capítulo de gastos, en función del presupuesto del año anterior. «Si en 2016 tienes 10 millones para gastar y porque has gestionado bien y solo gastas nueve millones, al año siguiente no te van a permitir gastar más de esos nueve millones, rebajando tu techo de gasto, con independencia de que la institución aumente los ingresos». Ello, denuncia el PP, obliga a que un Ayuntamiento si quiere o necesita gestionar el mismo presupuesto que el año anterior, «se ha de poner a gastar hasta el último céntimo», algo que no fomenta el ahorro, ya que «de alguna manera se penaliza».

La justificación

El PP de Alaior, pese a mostrarse muy crítico con la Ley de Estabilidad de Montoro, también reconoce que «ha sido útil», aunque reclama que no suponga «un cortapisas o un freno» para los cumplidores.

Contextualiza que la ley se aprobó en abril de 2012, con «una crisis extremadamente sensible y en un contexto marcado por las advertencias de la Unión Europea y ante las amenazas de los mercados financieros ante la inestabilidad presupuestaria de las instituciones». Apunta que el objetivo de la regla de gasto era que las administraciones no pudieran financiar gastos ordinarios a través de los ingresos eventuales.