Operarios trabajando en la instalación de una red de comunicaciones en el centro de Maó | Javier Coll

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La construcción en Menorca ha generado 273 nuevos empleos en el último año hasta alcanzar los 1.594. Una incipiente recuperación que la Asociación de Empresas de la Construcción y Promotores ve en peligro a consecuencia del decreto del Govern que suspende los artículos más desarrollistas de la Ley del Turismo, la Ley del Suelo y la Ley Agraria de Balears.

La Junta Directiva de esta patronal adscrita a PIME abordó la cuestión en una reunión mantenida el jueves. La conclusión a la que llegaron es que, con el cambio de normativa, un sector «que empezaba a ver algo de luz después de vivir unos años en los que han desaparecido muchas empresas y el resto se han visto obligadas a una reestructuración radical» volverá a resentirse.

Para evitar males mayores, la asociación reclama al Consell de Menorca que mantenga la Norma Territorial Transitoria aprobada por el anterior gobierno insular y evite regresar al Plan Territorial del año 2003, una normativa que califica de «muy restrictiva» y que, a su juicio, «no permite una dinamización económica ni un crecimiento cualitativo de la Isla».

Los constructores señalan que la posibilidad de legalizar los hortals que estaban fuera de ordenación mediante el pago de una tasa o las facilidades para la implantación de nuevos agroturismos en las explotaciones agrarias son ejemplos de que la suspensión parcial de las leyes autonómicas afectadas puede llegar a ser «muy perjudicial para Menorca».

Según su análisis, la modificación continua de normativas urbanísticas crea una situación de inseguridad jurídica que les expone a sufrir un nuevo parón de actividad. «Esta situación no contribuye a la llegada de nuevos proyectos de inversión», destacan.

Tampoco están de acuerdo con que el Govern haya aprobado estos cambios mediante la fórmula del decreto ley y reivindica una mayor participación de los sectores afectados —empresas turísticas, agrarias y constructores— a la hora de diseñar la regulación urbanística de Balears.