El dictamen favorable acordado el pasado 20 de noviembre por el Consejo de Estado allanó el camino para que el gabinete Rajoy autorizara la resolución del contrato de concesión con Acciona y el pago de los 19.185.465,44 euros más IVA necesarios para estimar parcialmente la reclamación de la empresa que la construyó, rescatar la infraestructura, explotarla y ponerla en servicio.
De eso se encargará a partir de ahora la administración autonómica que, en virtud del acuerdo alcanzado en el pasado mandato y ratificado en septiembre por el conseller Vicenç Vidal y la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, deberá «asumir las conexiones con la red de suministro municipal», una obra que se ha valorado inicialmente en unos cuatro millones de euros.
En la misma encomienda de gestión que el ministerio cede al Govern también figura la desaladora de Santa Eulàlia des Riu (Eivissa), cuya situación era parecida a la de Ciutadella y que todavía precisará un desembolso mayor por parte del Estado para hacer efectiva la resolución del contrato de concesión, 25.601.828,85 euros. En ambos casos, las instalaciones, que aún no habían sido recepcionadas, pasarán a ser titularidad del Govern balear. A partir de la semana que viene se pondrá fecha al proceso de traspaso.
En su acuerdo, el Consejo de Ministros recuerda que la desaladora se planteó para abastecer a Ciutadella «y otras poblaciones de Menorca» y que la resolución acordada es «imprescindible» para que la planta pueda entrar en funcionamiento. Su capacidad máxima es de 3,5 hectómetros cúbicos al año.
La puesta en marcha de ambas desaladoras, asegura Medio Ambiente, «contribuirá a paliar la escasez de agua que las Islas sufren en la actualidad», pondrá solución a este «grave problema» y ayudará a «reducir la presión sobre los acuíferos baleares».
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