Fernando Mateas, con consellers en mayo del año pasado, cuando la hoy presidenta Maite Salord estaba en la oposición

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Un estudio preliminar adelantado al gobierno insular por el penalista Fernando Mateas avala la opción de que el Consell litigue en los tribunales de justicia para no tener que abonar los 28,8 millones de euros que desde hace tres años ya ha empezado a pagar a plazos a la promotora hotelera mallorquina Cesgarden.

La reciente resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que niega a la compañía el cobro de los 11,1 millones adicionales que reclamaba por el valor del suelo rústico a donde debía trasladar el hotel que había proyectado en Son Bou ha animado al gobierno tripartito Més-PSOE-Podemos a estudiar las opciones que existen de instar la revisión extraordinaria de la sentencia de 2012. El primer paso ha consistido en encargar un informe al mismo abogado que ya intentó en el mandato anterior instar la revisión mediante una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que no fue admitida a trámite por el Juzgado de Palma.

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Pero todo ha cambiado desde la resolución notificada este pasado 15 de septiembre. Tras recibir el nuevo encargo del Consell, el 7 de octubre Fernando Mateas se reunió con miembros del equipo de gobierno y de los servicios jurídicos, a quienes ya esbozó las opciones reales que existen de darle la vuelta a la situación. Estas alternativas serán desgranadas en el informe definitivo que Mateas ultima y que podría tener entrada en la institución en las próximas horas.

La idea, explicaron fuentes del Consell, es denunciar primero el presunto fraude cometido por Cesgarden y, una vez probado y con sentencia firme, instar la revisión del fallo del Tribunal que obliga a pagar 28,8 millones a la promotora en diez años.


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