Una solución que «requiere de tiempo». El conseller Javier Ares ya visitó el 31 de julio la planta TIV de Caritas junto a sus responsables Guillem Ferrer y Rodrigo Carreño. | B.M.

TW
1

Ni el Consell ha detectado incumplimientos en la gestión de los residuos en Menorca en contra de la planta TIV ni puede acudir ahora al rescate económico de Caritas. El conseller de Medio Ambiente, Javier Ares, admite que «me gustaría barrer a favor suyo por la labor social que realiza», pero dice que las cuestiones legales se lo impiden.

El futuro Plan Director de Residuos deberá resolver los «dos problemas» que ahora impiden atender la petición de Caritas. «Por un lado -explica el conseller- la concesión no se hizo de forma clara», ya que no podía otorgarse en exclusiva la gestión de los voluminosos «a una entidad privada, aunque tenga carácter social. No se hizo bien, porque desde la administración tampoco puedo obligar a un turista a ir a un determinado hotel». La segunda dificultad -arguye Ares- es que «la definición de voluminosos en el Plan Director tampoco queda clara. Esto hace que también puedan llegar muebles a las deixalleries ya que, si tratan el hierro o la estructura por separado, eso ya deja de ser un voluminoso. Por eso, cabe precisar más lo que es un residuo voluminoso y cuándo deja de serlo». Javier Ares ya ha contactado con el secretario general de Caritas, Guillem Ferrer, pero insiste en «no tomar la decisión solo. Desde el mismo día en que logramos desencallar el vertido en Milà venimos trabajando en esto», asegura. De hecho, el 31 de julio ya visitó la planta TIV y quiere que Caritas participe de una «solución conjunta al problema». A todo ello, la Conselleria de Medio Ambiente del Govern balear se mantiene a la expectativa. El director general de Calidad Ambiental y Residuos, Sebastià Sansó, declinó pronunciarse hasta que reciba la solicitud formal de inspecciones por parte de Caritas. «No contestaremos a través de los medios», dijo.

Ares entiende «el drama económico y la urgencia» de Caritas, ahogada por la deuda de 1,8 millones de euros que contrajo en 2008 para poder financiar la instalación, pero advierte que «sería peor darle una solución rápido y mal» que sopesarla en el tiempo, «como estoy haciendo, para gestionar el problema correctamente».

Caritas pide al Consorcio de Residuos Urbanos (CRSU) que inspeccione las instalaciones del sector para garantizarle la llegada de todos los residuos voluminosos generados en la Isla y advierte que, en caso contrario, pedirá la mediación del Govern y renunciará a la concesión del servicio que ostenta desde 2009, cuando se creó «para evitar que 9.000 toneladas anuales se acaben vertiendo en Milà».

Pero el Consell tan solo le ofrece ahora dos salidas: invitarle a la próxima reunión del Consorcio para que sus responsables puedan «exponer la situación a los ayuntamientos y compartir entre todos la solución», y clarificar el tratamiento de los voluminosos en el futuro Plan Director de Residuos, al que ya se piensa asignar una partida específica en los presupuestos de 2016. El actual, vigente desde 2004, debería haber sido reelaborado en 2012, hace tres años.