Los operarios ultiman estos días el encofrado próximo a Rafal Rubí y Alcaidús | Gemma Andreu

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Tras la tempestad, llega la calma. Al menos, la que han pactado e intentan transmitir de puertas para fuera el Consell y la UTE Mejora Mahón-Alayor (formada por las constructoras Dragados y Antonio Gomila) con el objeto de atemperar los ánimos en puertas de las elecciones y seguir adelante con los trabajos previstos hasta que la nueva mayoría salida de las urnas decida qué hacer con las obras que queden pendientes. Y éste, de hecho, es el gran temor que alberga la UTE, sobre todo por el rechazo frontal que concita el proyecto entre los grupos de izquierda.

Hasta ese momento, confirmó ayer el conseller de Movilidad, Luis Alejandre, no se prevé aprobar sobrecoste alguno ni volver a ventilar en público diferencias económicas como las que llevaron antes de Navidad a Dragados a paralizar unilateralmente las obras.

Siempre según el conseller, los técnicos de su departamento «demostraron» a los representantes de la UTE que varios de sus cálculos eran erróneos, «como sí tenían razón en otras cosas, como el retraso de Telefónica en llevar a cabo el soterramiento del cableado» junto a la carretera.

Así que, desde que hace un mes Dragados y Antonio Gomila tomaron la decisión «responsable» de reanudar las actuaciones, el Consell va pagando las certificaciones «conforme la obra se va ejecutando. Y según se cuantifica, se compensa a favor de una u otra parte, en función de si se ajusta lo ejecutado en realidad a las cantidades contempladas previamente en el proyecto».

Y, aún cuando la UTE llegó a reclamar un sobrecoste próximo a los 3 millones de euros que habría encarecido la infraestructura hasta en un 38 por ciento, «ahora mismo no está previsto dar luz verde a ninguna variación sustancial ni habilitar ninguna partida extraordinaria».

Desde este punto de vista, cualquier incremento en el presupuesto «se liquidará una vez concluya la obra», que el Consell espera tener lista a finales de año, puesto que el plazo de ejecución -que empezó a contar el pasado septiembre- es de catorce meses.

«La ley reconoce un aumento máximo del 10 por ciento por errores propios del proyecto y este es el límite en el que nos movemos», insistió Alejandre, para quien el acuerdo que ha permitido reiniciar las obras ha sido «exclusivamente de carácter técnico».

Como lo será también -dice- la reunión semanal programada para hoy, con el propósito de seguir realizando un seguimiento de las actuaciones que se vienen ejecutando.