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La portavoz del PSM en el Consell Insular, Maite Salord, reiteró ayer su petición al equipo de gobierno de la institución menorquina de paralizar la Norma Territorial Transitoria (NTT) ante el riesgo de que se deriven responsabilidades patrimoniales de la legalización de 'hortals' y consecuente aprobación de licencias que pudieran ser tumbadas por los tribunales, «lo que podría generar demandas» contra la institución.

La norma aprobada inicialmente, explicó Salord, abre la puerta a que los ayuntamientos de la Isla recojan en sus planeamientos urbanísticos, en la categoría de suelo urbano, los citados 'hortals', asentamientos en el medio rural de origen ilegal. En este sentido, defiende Salord, «la sentencia de Es Guix (Mallorca) es demoledora». La urbanización mallorquina tenía un origen ilegal y el ayuntamiento de Escorca la calificó como suelo urbano, algo que ahora la sentencia señala como improcedente, defendió la consellera.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), explica Salord, «mantiene que no es posible que asentamientos que tienen un origen ilegal puedan adquirir condición de suelo urbano y señala que la norma balear que prevé que antiguos núcleos rurales pasen a ser suelo urbano es inconstitucional».