Un transeúnte pasa por delante de las mercancías expuestas en la Plaça Nova, ayer. | Josep Bagur Gomila

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La nueva ordenanza de ocupación de la vía pública de Ciutadella, que anteayer fue aprobada por el pleno y empezará a aplicarse a partir de este mismo verano, solo permite que las mercancías invadan un metro cuadrado de la calle.

De esta forma, los negocios radicados en el centro histórico solo tienen tres opciones para sacar fuera del establecimiento algún producto que sirva de reclamo con el que atraer al cliente: o un expositor de un metro de alto y uno de ancho, o uno de dos metros de alto y medio de anchura o dos expositores de medio metro cada uno. La altura en ningún caso podrá exceder los 1,80 metros.

Pero la normativa también restringe la ocupación del espacio público por parte de las terrazas de los bares y restaurantes. Éstas solo podrán instalarse sobre aceras o vías sin tráfico de, al menos, dos metros y medio de ancho y deberán dejar siempre un metro y medio libre para el paseo peatonal. Cuando la anchura de la acera supere los tres metros y medio, el paso libre deberá ser de, al menos, dos metros. Solo en Ses Voltes se permitirá una distancia menor, de apenas un metro.

Cuando la terraza, «preferiblemente rectangular», se disponga frente a la fachada de una vivienda habitada, se precisará la conformidad del vecino que resida en ella. Y en las calles peatonales habrá que dejar tres metros libres.

El documento, que pretende conciliar la actividad económica con el disfrute ciudadano del espacio de todos, perfila la disposición concreta que deberán guardar tanto las terrazas como los expositores en las principales 20 plazas públicas del casco antiguo.

También impone hasta el color de las sillas, siempre de tipo menorquín, y la altura mínima de sombrillas y toldos que, sin que se permita cerramiento alguno, deberán superar los dos metros y medio.

La ordenanza prohíbe los hombre-anuncio, así como sacar televisores o altavoces a la calle y fija una antelación mínima de tres meses para poder recabar los permisos preceptivos de la administración. Las autorizaciones se concederán por un plazo de un año y, sin novedad, quedarán renovadas anualmente de forma automática.

3.000 € de multa

El régimen sancionador estipula la imposición de multas cuya cuantía económica oscila entre los 100 y los 3.000 euros según la gravedad de la infracción. Pero aquellos negocios que acumulen hasta cinco faltas graves en un plazo de dos años verán suspendida temporalmente su autorización por espacio de 15 días.