Todos los alcaldes aguardan el acuerdo definitivo para saber si sus propuestas serán o no incluidas en la Norma. La mayoría deberá buscar otras vías legales | Javier

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La Norma Territorial Transitoria (NTT) previa al nuevo PTI solo amparará los pocos casos especiales en que existan sentencias que hayan acreditado «una concreta, real y judicialmente verificada responsabilidad de la administración pública», con el objeto de «evitar así el pago» de las indemnizaciones ya reconocidas por los tribunales.

Este criterio, anunciado ayer por la consellera de Ordenación del Territorio, Marta Vidal, solo permitiría dar salida por esta vía «excepcional» -en el mejor de los casos- a las reclamaciones de Cesgarden (11 millones adicionales a los 29 pactados con el Consell) y Princesa de Son Bou (6 millones) en esta urbanización de Alaior y Orfila SL (9,5 millones) en Son Ganxo (Sant Lluís).

Por contra, medita dejar fuera aquellos otros casos en los que solo existe una reclamación pendiente de enjuiciar, como los 16 millones de euros que la promotora de Arenal d'en Castell amenaza con demandar al Ayuntamiento de Es Mercadal, por haber desclasificado a través del PTI sus terrenos como zona verde, o los 10 que ha advertido con pedir el empresario Sebastià Triay Fayas, por no haber podido impulsar el proyecto turístico que la Junta de Compensación del sector A-3 de Santandria promovía en 2003 en esta zona de Ciutadella.

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