Vicenç Tur, Vicenç Thomas y Cristina Rita.

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Más del noventa por ciento de los abortos que dan en Menorca quedarán en un «limbo» legal en el caso de que el Gobierno central apruebe el actual borrador del proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ha alertado hoy el portavoz del grupo socialista en el Parlament, Vicenç Thomás,

El exconseller ha explicado en Maó que, según los datos oficiales, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2013, en Menorca se contabilizaron 117 abortos.

De todos estos, 112 se realizaron mediante ingestión de fármacos mientras que cinco requirieron intervención quirúrgica.

«Si se aprueba la nueva ley estos 112 casos que suponen más del 90 por ciento del total quedarían en un limbo que obligaría a las mujeres afectadas a depender de las opiniones de terceras personas para poder tener derecho a una interrupción del embarazo de forma legal», ha dicho Thomás.

Según el diputado autonómico «el Gobierno plantea ahora el aborto como una carrera de obstáculos en el que se requerirán dos informes de médicos externos. Esto implica una mayor dificultad para que la mujer consiga reunir todos los requisitos. Se le quita el derecho a decidir sobre su libre maternidad».

Thomás ha añadido que el proyecto del ministro Ruiz Gallardón va contra la sociedad pues un 8 por ciento de las personas encuestadas sobre el asunto, señalan que es innecesario modificar esta normativa y un 65 por ciento de los votantes del PP son de este mismo parecer.

«Pretenden hacer de una creencia de unos pocos una ley para todos y lo que provocarán es que haya más abortos clandestinos» con los riesgos que esto implica», ha dicho el diputado socialista.

Thomás también ha alertado de que el copago de medicamentos impulsado por el PP lleva a que los pensionistas dejen de comprar un 20 por ciento del total de fármacos que necesitan.

Ha atribuido esta tendencia a que la ideología de los populares ha conducido hacia un cambio de concepto de la sanidad, que según ha señalado, antes era universal y ahora se pretende que sólo sea para quien la pague.

«Ha pasado de ser un derecho a un bien de consumo» ha apostillado.