Doce hoteles menorquines se han acogido a la posibilidad abierta por la Ley Turística de legalizar mediante compra plazas turísticas en situación irregular. Hasta el pasado mes de julio, fecha límite para presentar solicitudes, el Consell ha recibido peticiones para regularizar un total de 166 plazas hoteleras, la mayoría de establecimientos ubicados en Ciutadella, Alaior y Es Migjorn Gran.
Será la comisión de bolsa de plazas, formada por representantes de los sindicatos, la patronal y la administración, la que decidirá si da el visto bueno a esa legalización. Esa misma comisión decidió a finales del año pasado establecer el precio por plaza en 3.500 euros, por lo que, de resolver favorablemente todas las solicitudes, el Consell ingresaría un total de 581.000 euros, una cantidad muy alejada de los 11 millones que se podrían haber ingresado en el caso de que se hubieran comercializado todas las plazas ofertadas por la institución insular, 3.164.
El destino del dinero
La Ley Turística establece que los ingresos obtenidos por ese proceso temporal de legalización deben destinarse a mejoras en el destino. La comisión de bolsas se reunirá a principios del año próximo, según explicó la consellera de Turismo, Salomé Cabrera, y será la encargada de marcar el destino concreto de la cantidad ingresada. Mejora de calles y supresión de barreras arquitectónicas son los ejemplos que pone la institución sobre el tipo de actuaciones que se podrían llevar a cabo.
Cabe recordar que el Consell, que desde un buen principio evitó hacer previsiones sobre el número de plazas que aflorarían, destacó el acuerdo alcanzado en la comisión para que los hoteleros tuvieran opción de realizar los pagos de forma fragmentada hasta finales de 2015 y el doble efecto que tiene la medida: por un lado, la inversión en mejoras y, por otro, la inversión privada para adaptar las plazas al reglamento de ordenación turística del Consell.
El objetivo del proceso es hacer aflorar plazas turísticas no declaradas, o bien dar un uso turístico a edificaciones como las que servían para albergar al personal de los hoteles. Las plazas se pueden legalizar y, más allá de los 3.500 euros por plaza que pagan los hoteleros, estos no tienen que hacer frente a ninguna sanción en el caso de que las vengan comercializando como legales.
Desde el Consell explicaron que la cantidad de plazas puestas a disposición de los hoteleros para su legalización no se corresponde con el número de plazas en situación irregular, sino con la bolsa de plazas heredadas cuando el Consell recibió en el año 1997 la competencia de Ordenación Turística, que resulta del número de plazas que habían sido dadas de baja.
Un proceso bien distinto siguen los nuevos establecimientos que quieran abrir en Menorca. En ese caso se recurre a las 600 plazas anuales que establece el PTI.
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