Elena Cortés (Priego de Córdoba, 1973) es consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Licenciada en Sociología, inició su camino político en las Juventudes Comunistas hasta terminar en las filas de Izquierda Unida (IU). Ha sido concejal de Educación en el Ayuntamiento de Córdoba durante ocho años y en mayo de 2012 entró a formar parte del gobierno andaluz, desde donde impulsa medidas antidesahucios gracias a los que, entiende, en su comunidad se ha pasado «del 'sí se puede' al hemos podido». La más polémica, la expropiación temporal de viviendas a bancos, inmobiliarias y sociedades de gestión de activos. Ayer visitó Menorca para dar a conocer el detalle y abasto de su vía alternativa.
¿Qué camino están siguiendo para frenar los desahucios?
-Cuando llega al la Junta de Andalucía, IU propone cambiar las políticas del bipartidismo, romper con la neutralidad ante los desahucios. Hasta ahora los gobiernos han tenido una alianza con las elites económicas y se han puesto de perfil frente a los desahucios masivos de la población, recurriendo al 'no se puede intervenir'. Lo que hemos hecho es tomar parte, ponernos de lado en favor de las clases populares y no del poder económico.
¿Cómo?
-Considerando que la vivienda es un derecho humano. Nuestro compromiso es que es posible hacer otras políticas, que hay alternativa al dolor y sufrimiento impuesto por la troika. Nuestro objetivo innegociable al entrar en el gobierno andaluz era luchar contra los desahucios y pinchar la burbuja de las infraestructuras innecesarias.
¿Por dónde se empieza?
- Al mes de llegar a la Junta, frenamos los desahucios en las viviendas públicas. Nadie del parque público que no puede pagar el alquiler por un empobrecimiento sobrevenido va a ser desahuciado en Andalucía. En otras comunidades se desahucia y se venden las viviendas a fondos buitres. Ahora planteamos un paso más. El alquiler compensado. Aquellos deudores de buena fe que no pueden pagar el alquiler, pueden compensarlo con trabajos en su vivienda y en la comunidad de vecinos. Trabajamos así por el bien común, contra el individualismo y por la corresponsabilidad con lo público. También pusimos en marcha una oficina en defensa de la vivienda. Abrimos ocho oficinas con el objetivo de ponernos de lado de las familias en la mediación con los bancos. En un año de funcionamiento, 3.250 familias siguen en sus casas tras negociar daciones en pago con alquiler social, reestructuraciones de la deuda y quitas.
Y dan un paso más con su ley contra los desahucios
- Sabíamos que al margen de estos programas teníamos que legislar, cambiar la estructura. En España hay más de 3,5 millones de viviendas deshabitadas, excluyendo las segundas residencias. La mayoría son de bancos, inmobiliarias, sociedades de gestión de activos y fondos buitre. Primero había que dinamizar el acceso al alquiler, para ello hemos optado por incentivar a los propietarios, a las personas físicas, ofreciéndoles un seguro por si los inquilinos no pagan. Por otro lado, sancionado con hasta 9.000 euros a las personas jurídicas que mantienen viviendas vacías.
La gran polémica ha llegado con las expropiaciones forzosas. Ustedes ya han ejecutado una, pero no se saben si el Gobierno recurrirá la ley.
- Todas las administraciones expropian por interés general para hacer carreteras, colegios, etc. ¿Y no se puede hacer para evitar que una familia se quede sin vivienda? Nosotros hemos aprobado una expropiación temporal (un máximo de tres años) del uso de la vivienda a las entidades financieras. Se pueden beneficiar los que aleguen pobreza sobrevenida en casos de préstamos hipotecarios, avalistas, víctimas de cláusulas puente y autónomos que tuvieron que hipotecar como condición al crédito. Efectivamente tenemos una expropiación hecha, 25 en ya están publicadas en el boletín oficial de la comunidad y 50 hay expedientes pendientes de publicarse. Las familias podrán seguir en sus casas.
El PP dice que es inconstitucional...
- El PP puede estar ideológicamente en contra de la ley, pero es hipócrita decir que es inconstitucional. El artículo 35 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad, pero dice que tiene una función social. El PP vuelve a colocarse del lado de la troika y de las elites económicas, del sufrimiento y el dolor para las clases trabajadoras. Su camino es el del empobrecimiento de las clases populares.
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