El 10 de abril del año pasado, la entonces titular del Juzgado número 2 de Ciutadella daba por concluida la instrucción del caso CITUR. Llegaba el turno para que las defensas de los 14 imputados, la acusación popular y la Fiscalía Anticorrupción presentaran sus conclusiones. Los diferentes abogados así lo hicieron, también UPCM, pero Fiscalía, 19 meses después, no se ha pronunciado. Ahora, la actual titular del juzgado, María Belén Velázquez, ha movido ficha para intentar desencallar el proceso que investiga las presuntas irregularidades del área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella durante el gobierno de Llorenç Brondo.
La juez ha remitido dos tomos del expediente del caso a la Fiscalía Anticorrupción en Palma, con el fin de solicitar su posicionamiento en la causa. Es decir, presiona a este organismo para que mueva ficha y aclare cuáles son sus acusaciones finales y su petición de condenas.
Este retraso no solamente retarda la resolución del caso, sino que además puede tener efectos sobre las condenas finales a los procesados, si es que las hay. Algunos abogados entienden que el proceso ha estado parado el tiempo suficiente como para considerar que existe un retraso injustificado que perjudica a quien está esperando el juicio. Es lo que técnicamente se llaman dilaciones indebidas, y puede actuar como atenuante a la hora de establecer las penas a los imputados.
Además, algunos letrados esperan que se resuelva su petición de practicar más diligencias en el caso. Entre ellas, se ha solicitado la declaración del interventor municipal, al entenderse que por sus manos pasaron todos los pagos que se autorizaron y que presuntamente eran irregulares.
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