El conseller de Presidencia y número dos en el último Govern del Pacte (2007-2011), Albert Moragues, quien este miércoles ha sido interrogado en calidad de imputado a raíz de las presuntas irregularidades cometidas en la licitación de los servicios de limpieza y mantenimiento del Palacio de Marivent, ha asegurado que entre sus funciones no estaba la de elegir las empresas concesionarias ni controlar los contratos, por lo que dio el visto bueno a esta adjudicación sin revisar antes el expediente.
Durante una comparecencia de veinte minutos ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, quien fuera titular del departamento que tramitó la adjudicación ha recordado que dio el visto bueno a la concesión de los servicios a una de las tres mercantiles que optaron a la misma, si bien ha recalcado que el nombre de las empresas le vino dado, según han señalado fuentes presenciales en la declaración.
El encausado ha acudido a los Juzgados de Via Alemania acompañado de su abogado, Fernando Pozuelo, así como del exdirector general del Govern de Relaciones Exteriores Jordi Bayona. Antes de su comparecencia, también ha sido interrogada por la jueza la exsecretaria de la Conselleria de Presidencia Francisca Socías, también como encausada.
Tal y como ha incidido Moragues en su breve comparecencia, cómo fue pagado el contrato a la empresa adjudicataria, Lireba Serveis Integrats S.L. -perteneciente al grupo ACS, presidido por el empresario Florentino Pérez- él no lo revisaba sino que de estas competencias se encargaban los servicios administrativos. En virtud del mismo, el Govern abonaba un total de 504.307 euros a la concesionaria.
La imputación de Moragues se produjo después de que la magistrada admitiese a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por la presunta defraudación producida en la adjudicación de los anteriores servicios de limpieza y mantenimiento, tanto en lo que se refiere a la presentación de tres empresas relacionadas entre sí como al hecho de que ejercían su labor todos los trabajadores contemplados por el contrato.
De hecho, la Abogacía de la Comunidad Autónoma ya remitió a mediados del pasado año un escrito al Ministerio Público en el que le instaba a investigar estas supuestas irregularidades, que apuntan a la existencia de indicios de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad.
El contrato, tramitado a través de un negociado sin publicidad, preveía para el personal de mantenimiento el pago de 2.645 euros al mes por empleado, y 2.116 para los de limpieza.
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