Alaior teme una indemnización de 1,2 millones por un litigio de 2004

Los terrenos dedicados a equipamiento escolar pertenecían a tres propietarios. Dos de ellos aceptaron un acuerdo mientras que un tercero, la sociedad COSTRI S.L., no consideró ajustada la cuantía que el equipo de gobierno decidió abonar, 127.000 euros. La cifra que proponía la sociedad en litigio ascendía a 1,7 millones de euros, una cuantía que, sin duda, difería de la percibida.

La alcaldesa Misericordia Sugrañes explica que aunque esta expropiación forzosa de los terrenos no contara con una resolución firme, el Ayuntamiento aprobó con carácter inicial, la operación, que fue después ratificada y aprobada definitivamente.

La sociedad COSTRI S.L. impugnó el acuerdo y recurrió. Agotada la vía administrativa, la propiedad interpuso un contencioso administrativo el día 29 de octubre de 2010 reclamando los 1,7 millones de euros que venía exigiendo por la expropiación de los terrenos cuya superficie ascendía a 4.937 metros cuadrados.

El procedimiento se encuentra ahora en período de prueba. El juez aceptó una pericial solicitada por la sociedad aunque exigió que el peritaje fuera totalmente imparcial. Hace tan solos unos días que el Ayuntamiento recibió el informe pericial que deja claro que «el método que se utilizó para llegar al cálculo del valor a pagar no fue el correcto», además de resaltar que se hizo con «testigos inadecuados».

El perito cifra la indemnización en 1.289.536 euros, una nueva sacudida para las arcas municipales, «siempre que la sentencia, que aún no cuenta con un fallo judicial», tome en cuenta sus cálculos. El Ayuntamiento ha pedido aclaraciones a la pericial, aunque según, señala, tienen pocas esperanzas de que ello no acaree una indemnización millonaria.

Sugrañes tacha de «irresponsable» la actuación de los dos gobiernos socialistas que participaron en el proceso, en el Ayuntamiento y el Consell, por aprobar la expropiación forzosa sin acuerdo. Esta espada de Damocles es «para el Ayuntamiento como el caso Cesgarden para el Consell», lamenta. El varapalo trastoca la gestión del gobierno local, que se ha esforzado en sanear las cuentas y pagar a proveedores en tan solo 30 días.